Anulan el Parole in Place establecido por la administración de Biden

En el estado de Texas, un juez federal ha decidido anular la política de “Parole in Place”, la cual había sido implementada por la administración del presidente Joe Biden a principios de este año.

Esta política permitía que los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses pudieran residir temporalmente en el país mientras trabajaban en la regularización de su estatus migratorio.

La reciente decisión judicial plantea un futuro incierto para esta política de protección temporal, y los principales afectados ahora deberán esperar para conocer el desenlace de su situación migratoria.

El fallo, emitido por el juez J. Campbell Barker, argumentó que la administración demócrata había excedido su autoridad al interpretar la ley de inmigración sin la debida aprobación del Congreso.

El juez enfatizó que las decisiones relacionadas con la inmigración deben ser tomadas en un marco legal que incluya la participación del poder legislativo.

Además, el fallo desestimó la posibilidad de que los beneficiarios del programa pudieran intervenir en el caso para presentar sus argumentos y defender sus testimonios, lo que representa una pérdida significativa para las personas que se beneficiaban de esta política.

La política de Parole in Place había sido promovida por el estado de Texas y otros 15 estados republicanos, y su anulación impacta a cientos de miles de personas que, gracias a esta medida, habían logrado evitar la deportación y obtener permisos de trabajo temporales.

Un juez federal ha declarado ilegal este jueves el programa conocido como "parole in place", el cual fue implementado por la Administración Biden.

Este programa fue visto por muchos como un intento de Biden de ganar apoyo electoral, facilitando la vida a familias que se encontraban en situación irregular y que cumplían con ciertos requisitos.

Sin embargo, los estados demandantes argumentaron que esta política generaba costos elevados en servicios sociales, ya que incluía el acceso a atención médica, educación y seguridad para más de medio millón de personas.

Los requisitos para calificar al programa incluían haber residido en Estados Unidos desde 2014 y estar legalmente casado con un ciudadano estadounidense antes de 2024.

La decisión del juez de distrito J. Campbell Barker se produce tras la impugnación del programa por parte de 16 estados, liderados por fiscales generales republicanos, quienes presentaron una demanda argumentando que esta política incentivaría la inmigración ilegal.

En consecuencia, tras el fallo del juez Barker, miles de solicitudes que habían sido enviadas al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) quedaron en un limbo administrativo, dejando a muchas personas en un estado de incertidumbre respecto a su futuro migratorio.

Este proceso requería la presentación del Formulario I-131 ante el USCIS, el cual no tenía un costo inicial, aunque la tarifa para 2024 se establecía en 580 dólares.