En lo que va de año, Cuba se ha convertido en la tercera nacionalidad con más solicitudes de refugio en México, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
Sin embargo, el aumento en las solicitudes de migrantes ha generado un caos migratorio en ciudades como Tapachula, ya que el proceso de solicitud de refugio tiene una duración de 45 días hábiles.
Hasta octubre, cerca de 16 mil cubanos han optado por esta vía de legalización en México. Además de Cuba, países como Venezuela, Honduras y Haití también se encuentran entre los principales expulsores de migrantes hacia México y otros países receptores.
Estos países han pedido acabar con políticas "selectivas" que favorecen la entrada de ciertas nacionalidades, así como el levantamiento de sanciones unilaterales, la renegociación de deudas soberanas y un mayor desarrollo para reducir los flujos migratorios en América.
Recientemente, el jefe del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, Francisco Garduño, ha ordenado detener las devoluciones de personas en movilidad a su país de origen. Esta medida se ha tomado debido al aumento récord en el flujo de desplazamientos hacia Estados Unidos durante este año.
La orden de suspensión de actividades se dio a conocer a través de una circular firmada por Garduño el 1 de diciembre.
La Secretaría de Hacienda suspendió los pagos en noviembre debido a ajustes financieros de fin de año, lo que provocó la falta de liquidez en el INM para cumplir con sus compromisos. Entre las actividades suspendidas se encuentran los servicios aéreos de retornos asistidos de migrantes y el transporte terrestre de migrantes irregulares.
Estas medidas entrarían en vigor en diciembre y se presumen que finalizarán el 31 de diciembre, según se menciona en la circular.
La paralización de estas actividades significa que los migrantes no serán deportados a sus países de origen y no se realizarán traslados dentro de México.
Además de estas medidas, se ha ordenado el regreso de los agentes migratorios a sus oficinas y la suspensión temporal de ciertos pagos y citas para los controles de confianza de los funcionarios de la agencia migratoria.
La reducción del presupuesto del INM durante el último mes del año podría hacer que México dependa más de la Guardia Nacional para la gestión de la migración, una tarea para la cual no están completamente preparados
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