La coalición que presentó una demanda contra la ley migratoria SB 1718 en julio, ha solicitado a una corte de Florida que bloquee de inmediato la Sección 10 de dicha ley, la cual prohíbe y castiga el transporte de inmigrantes indocumentados, imponiendo penas de hasta 30 años de cárcel en el caso de menores de edad.
Esta petición urgente fue hecha mientras la Corte de Distrito del Distrito Sureste de Florida continúa revisando la demanda original.
El grupo está conformado, entre otros, por el Southern Poverty Law Center (SPLC), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida, el Americans for Immigrant Justice (AIJ) y el American Immigration Council (AIC).
Han presentado una moción para una orden judicial preliminar que bloquee lo que consideran como la "sección draconiana de la ley antiinmigrante de Florida", promulgada por el gobernador Ron DeSantis (republicano) y que entró en vigor el 1 de julio pasado.
El 17 de julio, estas organizaciones presentaron la demanda contra la SB 1718, centrándose en las disposiciones descritas en la Sección 10 de la ley, que penaliza el transporte de personas a Florida que podrían haber ingresado ilegalmente al país y que no han sido "inspeccionadas" por el gobierno federal desde entonces.
En el recurso legal presentado este martes, los demandantes solicitan al tribunal que bloquee por completo la Sección 10 de la ley SB 1718, debido a que argumentan que es inconstitucional al regular la inmigración federal y ser vagamente definida.
Las entidades que representan a trabajadores y ciudadanos del estado afectados por la Sección 10
También argumentan que esta medida ha puesto en riesgo a miles de floridanos y residentes de otros estados, tanto ciudadanos estadounidenses como no ciudadanos, de ser arrestados, acusados y procesados por un delito grave.
Esto se debe a que transportar una categoría de inmigrantes vagamente definida a Florida, incluso por acciones simples como conducir a un miembro de la familia a una cita médica o ir de vacaciones familiares, podría considerarse un delito.
El escrito también agrega que es imperativo que el tribunal evite que esta ley inconstitucional cause daños irreparables a los demandantes y a numerosas familias, organizaciones y comunidades.
Además, la demanda sostiene que es inconstitucional que un estado regule unilateralmente la inmigración federal y someta a las personas a un castigo penal sin previo aviso. También argumenta que el uso que hace Florida del término "inspección" es incoherente e inconstitucionalmente vago.
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