Corte de Inmigración y el sistema de justicia migratoria

Según la presidenta honoraria de un sindicato de jueces, diversas organizaciones, abogados, jueces y analistas de la crisis coinciden en que el problema de fondo debe ser abordado con la participación del Congreso a través de una reforma migratoria. De lo contrario, la crisis continuará creciendo y amenazando con colapsar el sistema de justicia migratoria.

A fines de julio, el director del Sistema de Tribunales de Inmigración, un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al menos 20 expertos se reunieron para analizar la crisis en la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (Corte de Inmigración, EOIR) y encontrar soluciones a una crisis que ha empeorado durante al menos dos décadas

permitir que los jueces de inmigración, y no solo el DHS, otorguen acción diferida con autorización de trabajo en casos que lo ameriten.

Este encuentro, organizado por el Instituto de Política Migratoria (MPI), examinó los factores que han llevado al sistema judicial de inmigración a la crisis actual y por qué no se tomaron decisiones a tiempo para evitar un atasco que ya cuenta con casi dos millones de casos.

El informe del MPI destaca que más de 700,000 casos se sumaron el año pasado, durante el segundo año de gobierno de Joe Biden, lo cual evidencia los "graves retrasos en la aplicación de la ley de inmigración, incentiva las llegadas no autorizadas (cruces ilegales en la frontera sur) y deja en el limbo a las personas que necesitan protección".

El MPI señala que estos hallazgos y las recomendaciones para salir de la crisis fueron el resultado de entrevistas con analistas, legisladores, jueces de inmigración actuales y anteriores, abogados y defensores de inmigración, proveedores de servicios legales y otros expertos.

El Centro de Estudios de Inmigración (CIS) advierte sobre la falta de autoridades judiciales estándar otorgadas a los Jueces de Inmigración (IJ), lo que limita su capacidad para cerrar casos de deportación.

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y abogados consultados en los últimos años han advertido que el atasco en la EOIR pone en grave peligro la permanencia de extranjeros que luchan por revertir sus procesos de deportación, y en otros casos, deben esperar años para obtener un beneficio, lo cual puede resultar en que el beneficiario supere el límite de edad, especialmente en el caso de adolescentes.

Antes de la reunión de julio, el Center for Immigration Studies (CIS) elaboró un informe que concluye que el sistema judicial de inmigración está enfrentando serios problemas.

Uno de los principales síntomas es la acumulación masiva de casos pendientes, que llega a 1.87 millones al primer trimestre del año fiscal 2023.

Esta acumulación excesiva tiene un impacto negativo y provoca retrasos y fallos sistémicos en el aparato migratorio vigente, afectando negativamente a los tribunales de inmigración y generando otros problemas, tales como retrasos en el procesamiento de solicitudes de visa, retrasos en el procesamiento de solicitudes de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, y cuellos de botella en los procesos de inmigración legal.

El informe agrega a la lista de problemas la "enorme disparidad" en la financiación entre el sistema judicial y las agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que llevan los casos a los tribunales.

Permitir que los jueces de inmigración, y no solo el DHS, otorguen acción diferida con autorización de trabajo en casos que lo ameriten y otorgar a los jueces de inmigración la autoridad para conceder "libertad condicional en el lugar" a las personas dignas cuya falta de entrada legal les impide ajustarse al estatus de residente permanente en Estados Unidos. Estas medidas beneficiarían a los demandados y fomentarían la conciliación.