El 23 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que una ley federal que criminaliza el fomento de la inmigración ilegal no viola las protecciones constitucionales de la libertad de expresión.
La medida, respaldada por la administración del presidente Joe Biden, fue confirmada por un fallo de 7-2, redactado por la jueza conservadora Amy Coney Barrett.
Esta decisión revocó la sentencia de un tribunal inferior que había anulado la disposición, parte de una ley de inmigración más amplia, en un caso que involucraba a un hombre de California llamado Helaman Hansen, quien engañó a inmigrantes a través de un programa falso de "adopción de adultos".
El tribunal inferior consideró que la ley era demasiado amplia porque podría criminalizar el discurso protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La medida prohíbe inducir o fomentar a los no ciudadanos a venir, ingresar o residir ilegalmente en Estados Unidos, incluyendo con fines de lucro.
Garrett escribió que la ley solo prohíbe la solicitud o facilitación intencional de ciertos actos ilegales y no limita una cantidad sustancial de discurso protegido.
Los jueces liberales Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor disintieron de la decisión. La abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Esha Bhandari, quien ayudó a representar a Hansen, dijo que esperan que el gobierno respete los derechos de libertad de expresión y aplique la ley de manera estrecha en el futuro.
El caso fue uno de los dos fallos relacionados con la inmigración emitidos por la corte ese día.
Los jueces también respaldaron la decisión de la administración Biden de limitar el alcance de aquellos que pueden ser arrestados y deportados por agentes de inmigración, una medida que había sido impugnada por los fiscales generales republicanos de Texas y Louisiana. La corte determinó que esos estados no tenían derecho legal para impugnar las nuevas pautas.
La administración Biden argumentó que la ley no cubre ciertos escenarios hipotéticos que preocupaban al Noveno Circuito, como simplemente alentar a los inmigrantes en el país ilegalmente a permanecer en Estados Unidos o asesorarles sobre los servicios sociales disponibles.
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