El presidente Biden ha realizado un pedido urgente al Congreso para solicitar una partida presupuestaria de más de $14,000 millones destinados a la frontera con México.
Estos fondos se utilizarán para diversas áreas, como la contratación de nuevos agentes federales, la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de migrantes, las deportaciones y la adquisición de tecnología avanzada para aumentar la vigilancia en los puertos de entrada y reducir el cruce ilegal o indocumentado.
Según el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, alrededor de 600,000 extranjeros cruzaron ilegalmente la frontera sin ser admitidos ni procesados durante el año fiscal 2023. Esta situación preocupa tanto al gobierno de Joe Biden como a la oposición del Partido Republicano.
Mayorkas reconoció este dato durante una audiencia ante el Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado, en respuesta a una pregunta del senador republicano Roger Marshall de Kansas.
El secretario también señaló que el fenómeno de las fugas ha sido un desafío para el DHS durante décadas y es un ejemplo de un sistema de inmigración fallido.
Algunas de las sugerencias enviadas por la Casa Blanca al Congreso incluyen:
aumentar el número de agentes de asilo y jueces de inmigración para agilizar los casos de asilo, destinar más inversiones a ciudades, estados y comunidades en la frontera y en todo el país para facilitar la acogida e integración de nuevos inmigrantes, incrementar el presupuesto de USCIS para procesar solicitudes de permisos de trabajo y ampliar la capacidad en los puertos de entrada para procesar de manera segura a los solicitantes de asilo y mejorar la detección e interceptación de contrabando peligroso, como el fentanilo.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se compromete a administrar las fronteras de manera segura y humana, aprovechando vías legales ampliadas con consecuencias más severas para abordar la migración irregular que se está experimentando en todo el hemisferio.
Es importante destacar que las estimaciones de cruces ilegales o indocumentados exitosos mencionadas por el DHS no incluyen aquellos cruces que no han sido detectados por los sistemas de seguridad electrónicos instalados en la frontera con México.
Después de la audiencia, el DHS ratificó los datos presentados por Mayorkas y reconoció el problema en la frontera.
La agencia afirmó que el fenómeno de las fugas ha sido un desafío durante décadas y es un ejemplo de un sistema de inmigración fallido.
También mencionaron que están operando con un sistema de inmigración fallido desde hace décadas y que desde enero de 2021 han enfrentado constantes aumentos en la migración y desafíos en la frontera suroeste.
Sin embargo, aseguraron que están trabajando para invertir en su fuerza laboral y proporcionar los recursos necesarios para reducir la tasa de detenciones aún más.
Una de estas organizaciones, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), ha señalado que parte de los $14,000 millones deberían utilizarse para "apoyar los servicios humanitarios y a las ciudades fronterizas que trabajan para recibir a los migrantes".
Además, han solicitado al gobierno que invierta en la reducción de los retrasos en los permisos de trabajo para migrantes y solicitantes de asilo, ya que actualmente existen alrededor de 500,000 solicitudes pendientes en la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) a través del formulario I-765.
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