Cuba se encuentra en una situación difícil en el juicio contra el fondo de inversiones CRF I Limited en Londres, el Ministerio de Justicia de Cuba presentó un recurso de apelación que fue negado por la división comercial del Tribunal Superior de Justicia de Londres.
La sentencia establece que el Banco Nacional de Cuba (BNC) es responsable de una deuda de más de US$78 millones por dos préstamos y sus intereses otorgados originalmente al país caribeño por bancos europeos en la década de los años 80.
El economista cubano, Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, comentó que el gobierno cubano buscaba que desestimaran el juicio, pero era algo esperado que no iba a proceder. Ahora, el gobierno de Cuba tiene dos opciones:
Ir a juicio o llegar a un acuerdo con el acreedor.
Según Morales, esto sentará un precedente, ya que hay otra reclamación de parte de un banco más grande y más poderoso, el Banco Industrial y Comercial de China, que reclama a Cuba el pago de 1.100 millones de euros.
CFR I, constituido en 2009 en Islas Caimán, lanzó el reclamo hace casi tres años, pero el BNC, desde el comienzo del proceso, dijo que no lo reconocía como acreedor. La jueza Sara Cockerill afirmó la decisión original de la corte a favor de CRF I y limita las opciones defensivas del Gobierno de Cuba, lo que mejora significativamente la posición de CRF en el caso.
El abogado cubano residente en Toronto, Canadá, Eloy Viera, recordó que la jueza ha recurrido a un recurso que establece la Ley inglesa, que permite a las personas afectadas por una decisión judicial solicitar permiso al mismo tribunal que dictó sentencia para continuar con un proceso de apelación.
En resumen, si Cuba no negocia en serio, se verá sometida a un embargo mucho peor que el de Estados Unidos.
La jueza Cockerill ha rechazado la apelación presentada, pero esto no significa que el proceso haya terminado, ya que la ley establece que aún se puede recurrir a un tribunal superior.
A pesar de esto, expertos consideran que la decisión actual podría ser ratificada por la instancia superior. Sin embargo, queda la incertidumbre sobre si el gobierno cubano decidirá presentar un nuevo recurso de apelación.
Este proceso judicial se lleva a cabo en un momento crítico para la economía cubana, en medio de una crisis multisistémica.
Expertos opinan que lo mejor para el gobierno sería negociar, ya que se encuentran en una situación en la que no tienen salida. Por su parte, el fondo de inversiones que lleva el caso ha informado que Cuba ha pagado los costos procesales, que ascienden a más de 3 millones de dólares.
A pesar de los costos que pueda implicar presentar un nuevo recurso de apelación, se considera que Cuba podría decidir hacerlo, ya que siempre será menos que la cantidad total que debe al fondo de inversiones.
En definitiva, el proceso judicial sigue su curso y habrá que esperar a ver qué decisión toma el gobierno cubano.
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