Para cumplir con los requisitos del Reporte BOI, las Entidades Obligadas deben proporcionar información sobre tres aspectos principales: i) la propia Entidad Obligada, ii) los Beneficiarios Finales y iii) los Aplicantes de la Entidad Obligada.
La Ley de Transparencia Corporativa, que entró en vigor el 1 de enero de 2024, establece nuevas obligaciones para las Entidades Obligadas, que deben reportar información relevante sobre sus Beneficiarios Finales al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Según lo estipulado por el Acta de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés), un Beneficiario Final se define como cualquier individuo que, de manera directa o indirecta, ejerza “control sustancial” sobre una Entidad o que posea o controle al menos el 25% de los “intereses de propiedad” de dicha entidad.
Las Entidades Obligadas deben presentar su Reporte de Información de Beneficiarios (Reporte BOI) de acuerdo con la fecha en que fueron formadas o registradas:
Para Entidades Obligadas formadas o registradas antes del 1 de enero de 2024: El plazo para presentar el Reporte BOI se extenderá hasta el 1 de enero de 2025.
Para Entidades Obligadas formadas o registradas entre el 1 de enero de 2024 y el 1 de enero de 2025: Estas entidades tienen un período de 90 días calendario desde su formación o registro para presentar su Reporte BOI.
Para Entidades Obligadas formadas o registradas después del 1 de enero de 2025: El Reporte BOI debe ser presentado dentro de los 30 días posteriores a su formación o registro.
Según el CTA, se considera Entidad Obligada a cualquier corporación, ya sea nacional o extranjera, así como a las compañías de responsabilidad limitada (LLC) u otras entidades que se formen o, en el caso de las entidades extranjeras, que se registren para hacer negocios en cualquier estado o jurisdicción tribal de EE.UU.
Las penalidades pueden ascender a $500.00 por cada día que persista el incumplimiento.
Además, las personas que infrinjan las disposiciones del CTA pueden enfrentarse a penas de cárcel de hasta dos años, así como a multas que pueden alcanzar los $10,000.00.
En caso de que una entidad que originalmente estaba obligada a reportar califique posteriormente bajo una de estas categorías exentas, deberá notificar este cambio dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha en que se convierta en una entidad exenta.