Quedó aprobada la nueva ley que ejerce un severo castigo sobre los migrantes indocumentados en el Estado de Florida.
El gobernador Ron DeSantis se hizo cargo de aprobar la medida, causando preocupaciones entre los convivientes del territorio.
Como es lógico, existe una serie de planteamientos en la propia ley que explican cada característica de la misma. Se conoce como la ley SB 1718 de Florida y desde su llegada la incertidumbre se ha adueñado de muchos que están de manera irregular en la localidad. Caso como este es el de la ciudadana Francisca Ávila, quien aseguró llevar varios años viviendo allí con ese status migratorio y afirmó tener más temor que nunca, al extremo tal que muchos de los que se encuentran preocupados se están valorando la opción de abandonar el Estado.
Así se expresó ante el medio de prensa La Voz de América expresó además Francisca: La gente se está yendo y los trabajos se están quedando sin trabajadores.
Porque ¿Quién hace esos trabajos? Pues los que venimos de por allá”.
Por su parte otro individuo indocumentado, de nombre Carlos, también admitió que “mucha gente sí se ha ido” de su entorno y alude también que hay “mucho miedo”.
La medida entrará en vigor el 1 de julio próximo, contemplando un presupuesto de 12 millones de dólares con el fin de reubicar a inmigrantes de Florida en otros estados.
Lo que ya se hizo hace unos meses atrás, en el momento en el que se enviaron varios grupos de indocumentados a Martha’s Vineyard, en Massachusetts.
Con esta medida, las empresas de más de 25 empleados deberán usar el sistema E-Verify de manera obligatoria, para certificar el estatus migratorio de los trabajadores.
Así como de igual modo, para aquellos que contratan a indocumentados, se establecerán multas de 1.000 dólares diarios.
Las tarjetas de identificación y carnés de manejar de otros estados quedan invalidadas.
A partir de ahora, solo será válida una identificación de Florida.
También queda establecido que los hospitales deberán recopilar la información sobre el estatus migratorio de los pacientes e informar trimestralmente al gobierno del Estado.
De no ser así se contemplan sanciones por violación de la medida. Y en último lugar, queda prohibido transportar indocumentados a Florida, hecho tal que, de hacerlo, los conductores podrían ser acusados de tráfico humano, siendo esta uno de los puntos que ha causado más indignación.
Se establecen penas de cinco años de prisión y multas de 5.000 dólares si el indocumentado es mayor de edad. Así como igual habrán de 15 años de prisión y multas de 15.000 dólares si en el vehículo hay menores.
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