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Foto del escritorYasel Lopez

Datos sobre la audiencia final contra el programa de parole humanitario

El pasado viernes 27 de octubre se llevó a cabo la audiencia final del juicio contra el programa de parole humanitario. En esta audiencia, las partes involucradas presentaron sus argumentos y ahora se espera la decisión del juez. Los estados demandantes están solicitando que el programa sea cancelado hasta que el juez emita su fallo, pero dependerá de la determinación final del juicio.

El juicio contra el parole humanitario de Biden ha llegado a su etapa final. Ahora, la decisión de su permanencia o cancelación queda en manos del juez. Independientemente de la decisión que tome el juez, ambas partes tienen la intención de apelar, lo que significa que este proceso podría llevar varios meses.

Los abogados de Texas y otros estados afirman que el alto número de inmigrantes que están recibiendo permisos humanitarios en Estados Unidos demuestra que los funcionarios están otorgando estos permisos masivamente, en lugar de evaluar cada caso individualmente como lo exige la ley.
También se cuestionó la decisión de extender el TPS (Estatus de Protección Temporal), ya que considera que esto provocará que más personas, especialmente venezolanos, acudan a la frontera para solicitarlo, al observar que el gobierno de Biden continúa ampliándolo.

Es probable que el juez tome su tiempo para emitir su fallo, pero se espera que no se demore mucho, ya que tanto las partes involucradas como los ciudadanos de los países implicados están pendientes de este desenlace.

Aunque ya no se aceptarán nuevos argumentos, el juez ha permitido que las partes presenten alegatos de última hora si así lo consideran necesario para su caso.

Una vez que esto suceda, se cerrará definitivamente el juicio y entrará en la etapa conclusiva.

La abogada de la firma Kivaki, explicó que los argumentos fundamentales ya han sido expuestos ante el juez y ahora solo queda esperar su decisión.

El juez federal Drew B. Tipton estableció como fecha límite el viernes 27 de octubre para que las partes en disputa contrarresten los argumentos finales.

Parece que estos argumentos son lo suficientemente sólidos, por lo que no se espera que se presenten nuevas consideraciones.

Los estados demandantes son Texas, Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Sur Carolina, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wyoming.
Por otro lado, los gobiernos de los estados demandantes apenas ofrecieron evidencias y se basaron en los documentos que ya habían presentado

La decisión sobre la permanencia o cancelación del programa de parole se conocerá después del 27 de octubre y podría tomar tiempo.

En caso de que el juez decida en contra del programa, se iniciarán las apelaciones y las personas que se encuentren en tránsito o que ya hayan sido aprobadas no serán perjudicadas por esta acción

legal.


El gobierno de Joe Biden ha tenido que demostrar, con sus argumentos, que el parole responde a un criterio humanitario y no a un programa de visas.

Esta ha sido una de las principales críticas de los demandantes, quienes aseguran que los beneficiados han ingresado al país solo por ser ciudadanos de países favorecidos por la administración Biden y con el único requisito de tener un patrocinador.

La administración de Joe Biden intentó abordar esta crítica al agregar una casilla en las solicitudes en la que se debe explicar las causas humanitarias del patrocinador.

El juez planteó una pregunta fundamental sobre la cual el gobierno de Biden debe basar su defensa: ¿Se considera una necesidad humanitaria urgente el hecho de que alguien viva en la pobreza?
En el caso de los 20 estados demandantes, el juez insistió en que deben demostrar con cifras el costo que representa para el país la iniciativa migratoria y la carga pública, y no simplemente desde una perspectiva declarativa.

Además, los defensores del gobierno han argumentado que se han cumplido todos los protocolos biométricos de seguridad.

Los abogados del gobierno también han señalado que, con el parole, las personas llegan al país con un permiso de trabajo, por lo que no hay costos asociados para los gobiernos locales.

Mientras la administración ha permitido el ingreso exprés de miles de migrantes por vía legal a través de un patrocinador, millones de estadounidenses están en espera durante años para que sus familiares puedan migrar legalmente a Estados Unidos. Esto es considerado injusto por aquellos afectados.

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