La Corte Suprema de Justicia ha decidido que los inmigrantes con residencia legal permanente, también conocida como 'green card' o tarjeta verde, pueden ser deportados si son condenados por delitos que se consideren obstrucción a la justicia.
Esta decisión, que fue aprobada por seis votos a favor y tres en contra, permite al gobierno federal deportar a residentes legales permanentes que hayan cometido delitos graves, incluso si llevan años viviendo en el país y tienen familias establecidas.
El fallo, redactado por el juez Brett Kavanaugh y respaldado por los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito, Amy Coney Barrett y el presidente de la Corte, John Roberts, establece que las condenas por encubrimiento después del hecho o por intentar disuadir a las víctimas de denunciar una conducta sexual inapropiada son consideradas delitos lo suficientemente graves como para justificar la deportación.
La jueza Ketanji Brown Jackson también estuvo de acuerdo con el fallo y presentó una opinión separada que concuerda con la decisión.
Sin embargo, la jueza Sonia Sotomayor emitió una opinión disidente, respaldada completamente por el juez Neil Gorsuch y parcialmente por la jueza Elena Kagan.
Sotomayor argumentó que la obstrucción requería una investigación en curso, mientras que Kavanaugh afirmó que los particulares pueden entorpecer el proceso de justicia incluso sin una investigación o proceso pendiente.
Según Kavanaugh, un acto de obstrucción, como amenazar a un testigo para evitar que entregue información a la policía, no es menos grave solo porque el gobierno aún no haya iniciado una investigación.
Esta decisión de la Corte Suprema otorga al gobierno federal la autoridad para deportar a residentes legales permanentes condenados por delitos graves relacionados con la obstrucción a la justicia, incluso si han estado viviendo en el país durante mucho tiempo y tienen una vida establecida.
El caso que llevó al fallo de la Corte Suprema trata sobre la deportación de residentes legales. Este caso fue el resultado de dos disputas que fueron consolidadas ante la Corte.
La primera disputa, Pugin vs. Garland, involucra a Jean Francois Pugin, un ciudadano de Mauricio que recibió la residencia permanente en 1985.
La segunda disputa involucra a Fernando Cordero-García, un ciudadano mexicano que recibió la residencia legal permanente en 1965.
Pugin fue condenado en 2014 en Virginia por ser cómplice de un delito grave relacionado con la obstrucción a la justicia. Por su parte, Cordero-García fue condenado en 2009 en California por varios delitos, incluyendo el intento de disuadir a un testigo de informar sobre un crimen.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) buscó la deportación de ambos no ciudadanos, argumentando que tenían condenas por delitos graves. En ambos casos, los jueces de inmigración y las Juntas de Apelaciones de los Circuitos 4º y 9º fallaron a favor del DHS.
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