El fallo de la corte que "carece de autoridad" para atender la demanda significa que el tribunal no considera que tenga la competencia legal para intervenir en la política de asilo y las deportaciones relacionadas con la aplicación CBP One.
En consecuencia, esta decisión permite que el gobierno de Biden continúe con las deportaciones de inmigrantes que son detenidos en la frontera y que no tienen una cita programada con CBP One, o que no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos, al menos en la región bajo la jurisdicción de este tribunal.
La coalición de demandantes había argumentado que, antes de la implementación de la aplicación CBP One, la ley de asilo permitía que los extranjeros llegaran a la frontera sin necesidad de una cita previa y solicitaran el beneficio de asilo conforme a lo autorizado por el Congreso.
Sin embargo, el gobierno de Biden realizó cambios en el proceso de asilo, requiriendo previamente una cita, citando la escasez de recursos y la necesidad de administrar de manera más eficiente los recursos otorgados por el Congreso para hacer frente a la crisis en la frontera.
Los demandantes y la coalición argumentan que el gobierno de Biden debería seguir sus propias políticas y procesar a las personas que buscan asilo en la frontera sur, independientemente de si tienen una cita previa con la aplicación CBP One.
Consideran que esto sería más coherente con las directrices previas y las leyes de asilo existentes.
Los demandantes sostienen que la política de rechazar a los solicitantes de asilo sin una cita previa del CBP One viola la ley estadounidense y los derechos al debido proceso de los solicitantes de asilo. Argumentan que la negación de acceso al proceso de asilo sin cita previa es una práctica que socava los derechos de aquellos que buscan protección en los Estados Unidos.
La situación en torno a las deportaciones de inmigrantes que buscan asilo en la frontera de los Estados Unidos sigue siendo un tema polémico y de continua evolución.
La decisión del tribunal en California, que respalda la autoridad del gobierno federal para ejecutar la ley de inmigración y argumenta la escasez de recursos para abordar la crisis en la frontera, tiene implicaciones significativas.
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