Desestiman los cargos a Raquel López bajo la ley SB 1718 en Florida

Raquel López Aguilar ha sido absuelto de los cargos de tráfico humano bajo la ley SB 1718 en Florida. El cónsul de México en Orlando ha informado sobre los detalles de su liberación y su destino posterior a la decisión del tribunal.

López Aguilar fue arrestado el año pasado mientras transportaba a seis personas de Georgia a Tampa. Cuatro de ellas no tenían un estatus migratorio definido.

La abogada de inmigración recomienda a aquellos que puedan ser detenidos por oficiales de policía que permanezcan en silencio, recordándoles que tienen el derecho de hacerlo.

Aunque fue detenido por manejar sin licencia, los cargos principales en su contra fueron desestimados, lo que evitó una posible condena de hasta 30 años de prisión.

A pesar de su liberación, López Aguilar fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) para enfrentar un proceso de deportación. Otro ciudadano mexicano detenido bajo la misma ley también se encuentra en una situación similar.

Tras la entrada en vigor de esta ley el 1 de julio del año pasado, la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida demandó al estado, argumentando que la ley era inconstitucional.

El cónsul Sabines mencionó que ICE ya ha trasladado a López Aguilar a una prisión preventiva, donde será deportado a la Ciudad de México.

A pesar de este resultado, el cónsul enfatizó que no se debe interpretar como una relajación en las leyes migratorias en la Florida central.

La ley SB 1718, firmada por el gobernador Ron DeSantis, incluye medidas como la anulación de ciertas licencias de conducir para inmigrantes indocumentados y la imposición de penas por transportar a personas sin estatus migratorio legal a Florida.

Varias organizaciones han señalado que la suspensión de la categoría de delito grave para el transporte de inmigrantes indocumentados es un alivio para la comunidad.

Sin embargo, una parte de esta ley ha sido temporalmente bloqueada por un juez federal, impidiendo la penalización del transporte de personas sin estatus migratorio legal al estado.

La Sección 10 de la SB 1718 ha generado preocupación en miles de residentes de Florida y de otros estados, tanto ciudadanos como no ciudadanos.

Esta ley ha puesto en riesgo la posibilidad de ser arrestados, acusados y procesados por transportar a una categoría de inmigrantes no claramente definida a Florida, incluso por acciones tan simples como llevar a un familiar a una cita médica o salir de vacaciones en familia.