El pasado 1 de julio entró en vigor en Florida la Ley SB 1718, considerada como la norma más dura de Estados Unidos contra los migrantes indocumentados.
Esta ley incluye una larga lista de castigos tanto para los indocumentados que ingresan al estado como para quienes les den empleo o los transporten desde otros estados sabiendo que las personas están de manera irregular en Estados Unidos.
Los migrantes indocumentados contribuyen a la economía de Florida, pues suelen ser contratados en áreas como la agricultura, la construcción o la hostelería, donde se hacen cargo de labores que los trabajadores estadounidenses muchas veces no quieren realizar.
Sin embargo, la Ley SB 1718 hace la vida más difícil para los aproximadamente 775.000 inmigrantes indocumentados de Florida, a sus empleadores y familias.
Entre las medidas más llamativas de la ley se encuentra la imposibilidad de conseguir empleo como indocumentado en Florida
El castigo de hasta 15 años de cárcel a quien transporte a un indocumentado en el estado y la incertidumbre sobre si un indocumentado será atendido en un hospital si se enferma.
El gobernador Ron DeSantis, precandidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de noviembre del 2024, ha hecho de la migración indocumentada su tema principal de campaña, prometiendo deportaciones masivas, la construcción de un muro en la frontera con México y terminar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
En definitiva, la Ley SB 1718 supone un duro golpe para los migrantes indocumentados de Florida y sus familias, así como para los empresarios del estado que dependen de su trabajo.
Según las estimaciones, los inmigrantes indocumentados en Florida gastan el 7,3% de sus ingresos en pagar impuestos, lo que contribuye con 923 millones de dólares a las arcas del estado. Sin embargo, la Ley SB 1718 podría tener un impacto negativo en la economía de Florida, ya que se calcula que podría costar alrededor de 12.600 millones de dólares en un año.
Esta ley plantea interrogantes y preocupaciones para los migrantes indocumentados en Florida.
Por ejemplo, ¿Qué sucederá si trabajan como indocumentados?, ¿Cuántos años de cárcel enfrentarán quienes transporten a alguien indocumentado?, ¿serán atendidos en un hospital si se enferman?
En cuanto al transporte de indocumentados, la Ley SB 1718 lo considera un delito grave, lo que podría traducirse en cargos criminales y una situación compleja para quienes lo cometan. Además, la gravedad del delito aumenta si se transporta a más de cinco personas o a un menor de edad.
La Ley SB 1718 establece ciertas disposiciones que deben cumplir los hospitales que atienden a pacientes con Medicaid, un programa de salud destinado a personas de bajos recursos.
Uno de los requisitos es incluir en los formularios de admisión una pregunta para conocer si el paciente es ciudadano estadounidense, residente legal o extranjero sin autorización para estar en el país. Sin embargo, la norma establece que la respuesta no afectará la atención del paciente ni se informará a las autoridades de inmigración.
En cuanto al empleo de inmigrantes indocumentados, la Ley SB 1718 prohíbe y declara ilegal que alguien los contrate, reclute o emplee. Las empresas con más de 25 empleados deben utilizar un programa para verificar el estatus migratorio de cada uno, bajo pena de multas y de retirada de los permisos para operar en Florida.
Este sistema, denominado E-Verify, ya es obligatorio para los empleadores públicos.
Además, la ley asigna un presupuesto de 12 millones de dólares al "programa de transporte de extranjeros no autorizados" promovido por el gobernador para trasladar a inmigrantes a otros estados.
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