Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha dado a conocer cifras preocupantes sobre el programa de parole humanitario para cubanos, que ha visto una reducción significativa en el número de aprobaciones.
Durante el mes de agosto de 2024, únicamente se aprobaron 1.195 solicitudes de cubanos para ingresar al país bajo este programa.
Esta cifra es notablemente inferior a las casi 5.000 aprobaciones registradas en julio y las 5.900 del mes anterior, lo que refleja un descenso alarmante en la recepción de solicitudes.
Este descenso en las aprobaciones era anticipado, ya que se había interrumpido temporalmente el programa para llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre posibles fraudes.
Las nuevas medidas de seguridad implementadas por el DHS han endurecido los criterios de selección, con el objetivo de prevenir fraudes y asegurar que solo aquellos solicitantes que cumplan con requisitos estrictos puedan beneficiarse del programa.
El proceso ahora incluye la realización de pruebas biométricas, como la toma de huellas dactilares, en una oficina física de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Los solicitantes deben presentar previamente el formulario I-134A en línea y programar una cita para la verificación de sus huellas.
Es importante señalar que esta tendencia no se limita solo a los cubanos; otros países de la región también han experimentado caídas significativas en las aprobaciones.
Por ejemplo, en agosto, solo 1.034 venezolanos fueron admitidos bajo el programa de parole humanitario, en comparación con los 4.000 que fueron aprobados en julio. Nicaragua enfrentó una situación aún más alarmante, con solo 13 aprobaciones en agosto, en contraste con las 2.700 del mes anterior.
El gobierno de Estados Unidos ha implementado una nueva normativa que afecta a los ciudadanos cubanos y venezolanos que han ingresado al país mediante el programa de parole humanitario.
Al culminar este período, aquellos que no logren ajustar su situación legal se enfrentarán a la posibilidad de ser deportados.
Esta política impacta a quienes han llegado a Estados Unidos gracias a un beneficio temporal que les permite residir en el país, aunque no asegura un estatus de permanencia a largo plazo.
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