Un grupo de estafadores ha urdido un esquema sin precedentes, creando una corte virtual falsa con el objetivo de defraudar a inmigrantes cubanos recién llegados a Estados Unidos, ofreciéndoles promesas de soluciones rápidas y económicas a sus problemas migratorios.
El principal involucrado en esta trama, Gustavo Cortez Osco, ofrecía servicios legales inexistentes y cobraba sumas exorbitantes por audiencias fraudulentas con supuestos jueces de inmigración.
Según información revelada por Univisión, el fraude se centró principalmente en Nueva York, donde Cortez captaba a sus víctimas, en su mayoría mujeres inmigrantes, a través de círculos religiosos.
A principios de 2024, comenzó a ofrecer sus servicios, prometiendo resolver trámites migratorios como solicitudes de asilo y residencias en tiempos récord.
La falta de conocimiento del sistema legal estadounidense, junto con las barreras idiomáticas, fueron factores cruciales que facilitaron el desarrollo de esta operación fraudulenta.
Audiencias virtuales engañosas
El método utilizado por Cortez incluía el envío de notificaciones por correo que parecían oficiales, pero que en realidad eran completamente falsas.
Además, organizaba audiencias virtuales en las que supuestos jueces, vinculados al Departamento de Justicia, participaban en la farsa.
Las víctimas, como la enfermera venezolana Rusbelys Robles, fueron atrapadas en este engaño a través de videollamadas por Skype, donde Cortez y un cómplice interpretaron los roles de abogado y juez, respectivamente.
Robles llegó a pagar miles de dólares, convencida de que estaba a un paso de regularizar su estatus migratorio.
Simulación de jueces de inmigración
Durante estas audiencias virtuales, las víctimas eran sometidas a preguntas sobre la historia de Estados Unidos, como si se tratara de un proceso real para obtener la residencia o ciudadanía.
Convencidas de que estaban participando en una audiencia oficial, muchas mujeres pagaron sumas adicionales por “privilegios”, tales como tener un juez que hablara español, un servicio que el gobierno de Estados Unidos ofrece sin costo a través de intérpretes oficiales.
El fraude no solo afectó a inmigrantes individuales, sino que también impactó a comunidades enteras.
Las iglesias evangélicas, a las que muchas de estas mujeres acudían en busca de apoyo, fueron utilizadas por Cortez como puntos de reclutamiento.
A través de intermediarios, Cortez logró recibir los pagos de las víctimas mediante plataformas como Zelle, lo que complicaba aún más la trazabilidad de la estafa.
La situación resalta la necesidad de una mayor educación y recursos para ayudar a los inmigrantes a navegar el complejo sistema migratorio y protegerse de este tipo de fraudes.
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