✅📢Florida prepara las leyes de inmigración más estricta del país

El estado de Florida está en proceso de implementar una de las leyes de inmigración más estrictas de los Estados Unidos.

El gobernador Ron DeSantis y la Legislatura estatal llegaron recientemente a un acuerdo después de tensas negociaciones, y el gobernador expresó su deseo de crear un marco legal más sólido que el que los legisladores propusieron inicialmente.

El gobierno de Florida se está preparando para otra sesión especial destinada a endurecer la política de inmigración.

El proyecto de ley, que se espera se firme pronto, tiene como objetivo fortalecer las políticas de inmigración del expresidente Donald Trump, aumentar la cooperación con las autoridades federales e imponer sanciones severas a los inmigrantes que ingresan ilegalmente al estado.

Medidas clave de la nueva ley

Una de las medidas claves acordadas fue la creación de una junta de inmigración integrada por cuatro altos funcionarios estatales: el gobernador, el fiscal general, el director de finanzas y el comisionado de agricultura.

Este consejo será responsable de implementar la política migratoria del gobierno.

Para garantizar un equilibrio de poder en la implementación de políticas, se nombrarán cuatro jefes de policía: dos designados por la Cámara de Representantes y dos designados por el Senado.

Con el respaldo del gobernador Ron DeSantis, los legisladores republicanos están impulsando medidas para endurecer las deportaciones y acabar con la inmigración ilegal.

Los inmigrantes ilegales condenados enfrentan severas penas, que incluyen hasta nueve meses de prisión.

Las personas detenidas por estar ilegalmente en el país no serán liberadas bajo fianza.

El proyecto de ley incluiría sentencias de muerte obligatorias para los inmigrantes ilegales que cometan delitos graves, como asesinato o abuso infantil.

Se creará un fondo de 250 millones de dólares para satisfacer las necesidades de aplicación de la ley de los departamentos de policía locales.

Las nuevas reglas también requieren que las cárceles notifiquen a las autoridades de inmigración sobre el estatus migratorio de los detenidos, lo que podría complicar la situación para muchos.

Además, se espera que el proyecto de ley recorte la financiación estatal para estudiantes indocumentados, lo que podría afectar negativamente a miles de jóvenes en el estado que ya enfrentan barreras importantes para asistir a la universidad.