El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha tomado medidas para abordar la crisis de la inmigración ilegal en el estado.
Para ello, ha formado un gran jurado estatal encargado de establecer recomendaciones de nuevas restricciones y políticas.
Estas recomendaciones han sido plasmadas en un extenso informe que ha sido publicado recientemente.
En el informe, el jurado critica las políticas migratorias del Gobierno Federal de Estados Unidos y enfatiza que los floridenses son "casi peligrosamente ingenuos e inconscientes" de la magnitud de la industria ilegal de la inmigración. Según el documento, corresponderá a Florida y a otros estados ayudarse a sí mismos, al menos a corto plazo, debido a la inacción del gobierno federal ante estas problemáticas.
Entre las medidas propuestas para contrarrestar la inmigración ilegal en Florida, se encuentra la obligación de que las empresas verifiquen los nombres de los posibles empleados en una base de datos federal de inmigración.
Además, se propone imponer un impuesto a las remesas, que son las transferencias de dinero enviadas al extranjero.
También se sugiere poner bajo escrutinio a los grupos que realizan labores humanitarias con los migrantes.
El informe del jurado ha generado sorpresa en algunos analistas, ya que revela descubrimientos aleccionadores, perturbadores y deprimentes sobre la inmigración ilegal en el estado.
Una de las propuestas fundamentales del jurado es ampliar las medidas contra las empresas que contratan a inmigrantes indocumentados.
Se sugiere eliminar la exención para las empresas con menos de 25 empleados, ya que esto proporciona incentivos para que los inescrupulosos burlen el sistema.
Además, se recomienda evaluar la viabilidad de hacer que los contratistas generales sean legalmente responsables de garantizar que sus subcontratistas contraten únicamente a trabajadores legales.
El informe del jurado seleccionado por Ron DeSantis destaca la necesidad de tomar medidas más estrictas para abordar la inmigración indocumentada en Florida.
Estas recomendaciones ahora están en manos de los legisladores, quienes deberán determinar cómo implementar los lineamientos propuestos.
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