La firma de la ley HB-1105 por parte del gobernador de Georgia, Brian Kemp, ha generado un debate intenso entre legisladores republicanos y demócratas, así como en los migrantes en Estados Unidos.
Esta legislación, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, tiene como objetivo principal identificar y deportar a inmigrantes ilegales en el territorio.
El proyecto de ley contempla medidas que obligan a los departamentos de policía y alguaciles a identificar a los inmigrantes indocumentados y detenerlos, así como establece nuevos requisitos para los funcionarios penitenciarios que deben verificar el estatus migratorio con el ICE.
Además, se incluyen sanciones para los agentes que no cumplan con el procedimiento establecido, como el rechazo de fondos estatales para cárceles y alguaciles que no cooperen.
El senador John Albers ha expresado su apoyo a la ley, argumentando que es necesario revisar el estatus migratorio de quienes se sospeche que están ilegalmente en el país.
Sin embargo, desde el sector demócrata y la comunidad latina, las críticas no se hicieron esperar.
La Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos emitió un comunicado en rechazo a la aprobación en la Cámara de Representantes, condenando la nueva legislación.
La firma de esta ley ha generado polarización y controversia en Georgia, y es probable que siga siendo un tema de debate en el futuro cercano.
La lucha por los derechos de los inmigrantes indocumentados continúa, mientras que las autoridades locales se preparan para implementar las medidas contempladas en la HB-1105 a partir del próximo mes de julio.
El proceso de aprobación de la HB-1105 incluyó su aprobación en la Cámara de Representantes y en el Senado de Georgia.
Hubo protestas y manifestaciones tanto a favor como en contra de la ley, con grupos de coaliciones exigiendo que no se criminalice a los inmigrantes indocumentados.
Los puntos clave de la HB-1105 incluyen la colaboración de los departamentos de policía y sheriff en la identificación y retención de inmigrantes indocumentados para posibles deportaciones, así como nuevos requisitos para que los funcionarios penitenciarios verifiquen con ICE la situación migratoria de las personas detenidas.
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