El gobierno de Joe Biden está considerando cambios en la política migratoria fronteriza, y las filtraciones que han llegado a los medios de comunicación del país revelan algunas de las posibles modificaciones.
Se habla de encarcelamiento masivo de solicitantes de asilo, traslado de agentes de asilo de USCIS a México y Panamá, legalización limitada y sin ciudadanía para los dreamers, mayor seguridad fronteriza y ninguna mención a vías de legalización para los millones de indocumentados que llevan tiempo en los Estados Unidos.
Según los informes, se han llevado a cabo reuniones secretas en el Senado entre legisladores demócratas, republicanos e independientes para discutir estos cambios radicales, así como otros aspectos relacionados con el presupuesto de gastos del año 2024.
Sin embargo, estas medidas han generado preocupación en diversas organizaciones nacionales y grupos de derechos civiles.
Temen que la estrategia de la Casa Blanca para controlar y manejar la crisis en la frontera sur pueda tener consecuencias negativas en el debido proceso migratorio.
"Poner fin a nuestro sistema de asilo, restringir radicalmente el acceso a vías migratorias legales, limitar la libertad condicional para inmigrantes o imponer prohibiciones unilaterales de tránsito no deberían ser el enfoque principal en la búsqueda de soluciones para los desafíos migratorios de nuestro país".
Por otro lado, el gobierno de Biden se enfrenta a las demandas de los republicanos, ya que, sin su apoyo, cualquier solicitud de fondos se estancaría.
En octubre, el presidente solicitó urgentemente $14,000 millones para aumentar la seguridad en la frontera, contratar agentes de la Patrulla Fronteriza, jueces de inmigración, crear nuevos tribunales de inmigración y aumentar la capacidad de los centros de detención, entre otros aspectos.
La falta de fondos adicionales para la frontera también afecta la capacidad de respuesta del gobierno federal, lo que complica aún más el flujo migratorio en la frontera.
La necesidad de separar la reforma migratoria de la política de asilo, la reforma es una cuestión aparte que brinda alivio a los cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados que han estado en el país durante décadas.
En cuanto a la política de asilo, el enfoque siempre ha sido endurecer la ley y crear más barreras.
Sin embargo, en el actual debate, especialmente cuando algunos en el Congreso están hablando de encarcelar a todos los solicitantes de asilo, es necesario preguntarse a qué costo y si realmente vale la pena hacerlo en lugar de mantener el status quo.
La demora en los juicios de inmigración y el problema de los casos acumulados en la Corte de Inmigración.
Actualmente, hay más de 2.2 millones de casos pendientes y la resolución de los mismos suele tardar entre 3 y 4 años.
Esto es un problema grave que el gobierno ha incluido en su lista de requerimientos de fondos urgentes al Congreso.
Aunque algunas de las propuestas de Biden para modificar la política migratoria fronteriza pueden generar preocupación y debate, es importante considerar las implicaciones y los costos asociados a dichos cambios. Separar la reforma migratoria de la política de asilo también es un aspecto relevante a tener en cuenta en este contexto.
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