El martes, grupos defensores de los derechos civiles solicitaron a un juez federal en Florida que impidiera la implementación de una sección de una nueva ley estatal de inmigración que criminaliza el transporte de indocumentados que hayan ingresado ilegalmente a Estados Unidos. Sin embargo, el juez rechazó la solicitud de inmediato debido a un tecnicismo.
La sección en cuestión, conocida como Sección 10, según argumentaron los grupos en una moción presentada como parte de una demanda en julio contra la ley, dificulta que los indocumentados puedan asistir a citas médicas, reunirse con sus familias e ir a trabajar.
La moción alega que "para muchos demandantes individuales, la Sección 10 interfiere con su capacidad de llevar adelante su vida cotidiana" y solicita una orden judicial temporal que detenga la aplicación de esta sección.
Sin embargo, el juez federal de distrito Roy Altman rechazó la solicitud de una medida cautelar casi de inmediato por una cuestión técnica.
Argumentó que el gobernador Ron DeSantis y otros acusados, incluidos los fiscales estatales, no habían sido debidamente notificados sobre la moción.
El juez señaló que los grupos defensores de los derechos civiles podrán presentar nuevamente la solicitud.
Además de esta sección, la nueva ley apoyada por DeSantis incluye otras disposiciones que refuerzan su programa de reubicación de inmigrantes y limitan los servicios sociales para aquellos inmigrantes que no tienen un estatus legal permanente.
También requiere que las empresas con más de 25 empleados utilicen E-Verify, un sistema federal que determina si los empleados pueden trabajar legalmente en Estados Unidos.
Otra disposición exige que los hospitales que aceptan beneficiarios del programa Medicaid incluyan una pregunta sobre ciudadanía en los formularios de admisión.
Ron DeSantis, el gobernador de Florida, ha tomado medidas en relación con la seguridad fronteriza y el transporte de migrantes que han generado controversia. Por un lado, ha desplegado soldados de la Guardia Nacional para colaborar en tareas de seguridad en la frontera de Texas.
Por otro lado, ha ordenado que Florida asuma los costos de los vuelos chárter que trasladan a migrantes desde Texas a otras partes del país.
El gobernador y su secretario de Prensa, Jeremy Redfern, fueron contactados para obtener comentarios, pero aún no han respondido.
Sin embargo, estos movimientos han dado lugar a una demanda presentada en un tribunal federal de Miami.
En la demanda se argumenta que la ley de Florida es inconstitucional, ya que la ley federal tiene preeminencia sobre las leyes estatales en lo que respecta a la inmigración. Además, se alega que esta ley viola el derecho al debido proceso y que está redactada de manera vaga, lo que genera incertidumbre respecto a su aplicación.
Los grupos de derechos civiles que presentaron esta demanda mencionaron ejemplos concretos para respaldar sus argumentos.
Por un lado, se menciona el caso de una mujer que corre el riesgo de ser detenida por llevar a su nieto en automóvil, quien tiene una solicitud de dispensa migratoria pendiente. Por otro lado, se menciona el caso de un diácono católico que transporta a personas en su automóvil para asistir a citas relacionadas con asuntos de inmigración.
Esta situación ha generado un debate acerca de las políticas migratorias del gobernador DeSantis y ha puesto en evidencia la tensión entre las leyes estatales y federales en este ámbito.
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