El miedo y la confusión que generó entre la comunidad inmigrante cuando cambió brevemente la regla de carga pública aún no parecen disiparse, solicitar la nacionalidad estadounidense o la residencia permanente puede ser desalentador para muchos inmigrantes, teniendo en cuenta los largos tiempos de espera y otros obstáculos sustanciales.
Pero en los últimos años, un requisito ha generado ansiedad adicional entre quienes aplican para recibir estos beneficios migratorios: la a menudo confusa regla de la carga pública.
Desde hace décadas, las autoridades migratorias realizan una evaluación de cada caso para determinar si es probable que una persona llegue a ser “principalmente dependiente” de los programas de ayuda del Gobierno en el futuro.
A continuación, desmontamos los mitos de la regla de carga pública y explicamos quiénes están sujetos a ella y quiénes no deben temer a aplicar para beneficios migratorios si han recibido ayudas como los food stamps.
A pesar de esto, expertos señalan que aún persiste la confusión en torno a la norma, lo que provoca que muchos inmigrantes eviten utilizar los programas de beneficios disponibles por temor a que se les nieguen beneficios migratorios, como la obtención de la residencia permanente.
De acuerdo con la política de Biden, los funcionarios tomarán su decisión en base a si un inmigrante está recibiendo o es probable que reciba atención institucionalizada a largo plazo, como en hogares de ancianos, a expensas del Gobierno, o si recibe ayuda mensual en efectivo.
Esta ayuda en efectivo incluye el Seguro de Ingreso Suplementario, la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas y los programas de asistencia en efectivo ofrecidos por los gobiernos estatales o locales.
Sin embargo, los funcionarios no considerarán los programas de asistencia médica, como los subsidios de seguro médico proporcionados por la Ley de Asistencia Asequible,
así como la asistencia en nutrición, vivienda, educación, cuidado de niños, ayuda en caso de catástrofe y otros beneficios públicos, como vales de transporte, programas de formación laboral, comedores sociales, asesoramiento e intervención en situaciones de crisis y asistencia energética.
Tampoco se tendrán en cuenta los beneficios devengados, como el desempleo o los reembolsos del crédito fiscal por ingresos del trabajo.
La norma aclara que, si algún miembro de la familia del solicitante utiliza programas de asistencia pública, esto no afectará la evaluación de si el solicitante es considerado carga pública.
Por ejemplo, si una persona solicita una green card y sus hijos utilizan Medi-Cal, programas nutricionales (como los de comidas escolares gratuitas) o asistencia en efectivo, esto no afectará su solicitud.
La regla de carga pública se aplica solo a ciertas personas que desean ingresar al país o cambiar su estatus migratorio.
Esta norma afecta a aquellos que solicitan la green card por primera vez a través de una relación con un ciudadano estadounidense o mediante el patrocinio de un empleador estadounidense. También se aplica a los residentes permanentes legales que desean volver a ingresar a EE.UU. después de una ausencia de más de seis meses.
Sin embargo, existen algunas excepciones a esta evaluación de carga pública.
Según el Departamento de Servicios Sociales de California, los residentes permanentes legales con green card no necesitan someterse a esta determinación cuando solicitan la ciudadanía estadounidense o la renovación de su residencia.
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