La aprobación de las leyes SB 4 y SB 3 contra la migración irregular por parte de la Cámara de Representantes de Texas, dominada por el Partido Republicano, el pasado 15 de noviembre de 2023, ha generado una enorme controversia.
Estas medidas legislativas han sido rechazadas inmediatamente por los inmigrantes, los congresistas y el propio gobierno de México. Se espera que estas leyes sean firmadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, y afecten a más de 10 millones de personas de origen mexicano que viven en Texas.
La nueva Ley SB 4 anula la Ley Federal de Inmigración y fomenta la discriminación y el acoso racial al otorgar a los funcionarios estatales la capacidad inconstitucional de deportar a personas sin un proceso adecuado, sin importar si son elegibles para solicitar asilo u otras protecciones humanitarias.
Es importante destacar que la Ley SB 4 no cambia las leyes de Inmigración, ya que Texas no tiene el poder de cambiar las leyes federales de inmigración ni puede dar órdenes al Departamento de Inmigración y Aduanas, o a un agente fronterizo.
El estado de Texas solo tiene poder sobre las agencias y los residentes de Texas.
En términos generales, la Ley SB 4 requiere que los agentes de la policía local cumplan con las órdenes de retención emitidas por el Departamento de Inmigración y Aduanas, y prohíbe a cualquier pueblo, condado o agencia de Texas limitar su cooperación con el Departamento de Inmigración y Aduanas, o con un agente fronterizo.
Sin embargo, Texas y su gobernador Abbott han enviado un mensaje al pueblo estadounidense de que su estado tiene un comportamiento inconstitucional y discriminatorio.
Dependerá de los miembros de la comunidad ejercer su derecho y reportar violaciones para responsabilizar al gobierno.
Las consecuencias de la Ley SB 4 son significativas.
Esta ley convierte a un indocumentado que cruce la frontera en un potencial delincuente, considerando este hecho como un delito menor.
Además, exige a la justicia estatal ordenar el regreso de los extranjeros a suelo mexicano antes de ser procesados en Estados Unidos. En caso de no cumplir con esta orden, el cargo se convierte en un delito grave y el inmigrante podría enfrentar hasta 20 años de cárcel.
La Ley SB 3 es una legislación que tiene como objetivo principal destinar una asignación de $1,540 millones de dólares a los legisladores de Texas.
Esta asignación se utilizará para construir barreras fronterizas y proporcionar fondos adicionales a la policía para que cuiden la línea fronteriza.
Aunque aún está pendiente de aprobación final, se espera que esta ley contribuya a mejorar la protección y el control de la frontera, garantizando así la seguridad de los ciudadanos de Texas y el cumplimiento de las leyes migratorias.
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