Las Entidades Obligadas, entre las cuales se incluyen las compañías de responsabilidad limitada (LLC), tienen la obligación de cumplir con el Reporte de Información sobre Beneficiarios Finales, comúnmente conocido como Reporte BOI.
Este informe debe incluir detalles sobre tres elementos fundamentales: i) la propia Entidad Obligada, ii) los Beneficiarios Finales, y iii) los Aplicantes correspondientes a la Entidad Obligada.
La Ley de Transparencia Corporativa, que entró en vigor el 1 de enero de 2024, establece obligaciones significativas para las Entidades Obligadas, que ahora deben reportar información clave sobre sus Beneficiarios Finales al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
De acuerdo con el Acta de Transparencia Corporativa (CTA por sus siglas en inglés), se define un Beneficiario Final como cualquier individuo que, de manera directa o indirecta, ejerza un “control sustancial” sobre una Entidad, o que posea o controle al menos el 25% de los “intereses de propiedad” de dicha entidad.
Plazos para la presentación del Reporte BOI
Las Entidades Obligadas deben presentar su Reporte BOI en función de la fecha en que fueron constituidas o registradas:
Para Entidades Obligadas formadas o registradas antes del 1 de enero de 2024: Tienen hasta el 1 de enero de 2025 para presentar el Reporte BOI.
Para Entidades Obligadas formadas o registradas entre el 1 de enero de 2024 y el 1 de enero de 2025: Estas entidades cuentan con un plazo de 90 días calendario desde su formación o registro para cumplir con la presentación del Reporte BOI.
Para Entidades Obligadas formadas o registradas después del 1 de enero de 2025: El Reporte BOI debe ser presentado dentro de los 30 días posteriores a su formación o registro.
Consecuencias del incumplimiento
Las penalidades por no presentar el Reporte BOI pueden ser severas, con multas que pueden ascender a $500.00 por cada día de incumplimiento.
Además, los individuos que infrinjan las disposiciones del CTA pueden enfrentarse a penas de cárcel de hasta dos años, así como multas que podrían alcanzar los $10,000.00.
Si una entidad que originalmente estaba obligada a reportar califica posteriormente bajo una de las categorías exentas, deberá notificar este cambio dentro de los 30 días calendario siguientes a su conversión en entidad exenta.
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