Las prioridades de deportación del gobierno de Estados Unidos han sido confirmadas por la Corte Suprema después de una demanda presentada por los estados de Texas y Louisiana. Estas prioridades, establecidas en un memorando enviado por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, se centran en los inmigrantes indocumentados que han cometido delitos graves.
El reglamento del DHS sobre las deportaciones establece que los agentes deben evaluar si el no ciudadano representa una amenaza para la seguridad pública y la extensión, seriedad y actualidad de la actividad delictiva antes de proceder con la deportación.
Sin embargo, el hecho de ser indocumentado no debe ser el único fundamento para la decisión de detener y expulsar a alguien de Estados Unidos
El gobierno priorizará el arresto y deportación de aquellos inmigrantes que representen una amenaza para la seguridad nacional y pública
Así como aquellos que hayan cruzado recientemente la frontera ilegalmente. El secretario del DHS ha instruido a los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) que no arresten ni deporten a trabajadores agrícolas, ancianos y otras personas vulnerables.
En el pasado, el DHS se basó en una lista severa de prioridades de deportación que incluía a inmigrantes acusados de delitos, incluso si los casos aún no se habían resuelto en los tribunales.
El gobierno anterior también consideraba la presencia indocumentada como una amenaza para la seguridad nacional y pública, otorgando poderes extraordinarios a los agentes de inmigración para deportar a los indocumentados sin considerar otras circunstancias.
El secretario del DHS ha asegurado que se monitorea el cumplimiento de estas pautas y confía en la fuerza laboral de ICE.
Sin embargo, los estados de Texas y Louisiana han demandado al gobierno alegando que se ha violado la ley de inmigración y exigiendo la detención y deportación de todos los indocumentados con una orden de deportación vigente.
La Corte Suprema ha respaldado las prioridades de deportación del gobierno, argumentando que los estados no pueden impugnar las decisiones del gobierno federal en asuntos de inmigración.
El gobierno de Estados Unidos seguirá priorizando la deportación de inmigrantes indocumentados que representen una amenaza para la seguridad nacional y pública, así como aquellos que hayan cruzado la frontera ilegalmente.
Estas prioridades han sido confirmadas por la Corte Suprema y han sido objeto de observación constante desde su establecimiento.
Estas son las prioridades de deportación del gobierno:
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció categorías de prioridades de deportación que entrarían en efecto de inmediato. Estas categorías son las siguientes:
Seguridad nacional.
Un agente de seguridad nacional puede considerar a un no ciudadano como prioridad de deportación si se cumplen alguna de las siguientes condiciones:
- Ha participado o se sospecha que ha participado en actos de terrorismo o actividades relacionadas con el terrorismo.
- Ha estado involucrado o se sospecha que ha estado involucrado en actividades de espionaje o relacionadas con el espionaje.
- Su aprehensión, arresto o custodia es necesaria para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Seguridad fronteriza.
Un agente de seguridad nacional puede considerar a un no ciudadano como prioridad de deportación si se cumplen alguna de las siguientes condiciones:
- Fue detenido en la frontera o en un puerto de entrada mientras intentaba ingresar ilegalmente a los Estados Unidos a partir del 1 de noviembre de 2020.
- No estuvo físicamente presente en los Estados Unidos antes del 1 de noviembre de 2020.
Seguridad pública.
Un agente de seguridad nacional puede considerar a un no ciudadano como prioridad de deportación si se cumplen alguna de las siguientes condiciones:
- Representa una amenaza para la seguridad pública.
- Ha sido condenado por un delito grave según la definición de la sección 101 (a) (43) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
- Ha sido condenado por un delito en el que participó activamente en una pandilla criminal callejera, según se define en 18 U.S.C. § 521 (a), y participó intencionalmente en actividades delictivas de una pandilla u organización criminal transnacional.
Las órdenes de deportación deben tener una razón sólida y el DHS enfatiza la importancia de evaluar cada caso individualmente considerando todos los factores relevantes.
Comments