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Foto del escritorYasel Lopez

Las regulaciones de OFAC y las sanciones impuestas a Cuba

Las regulaciones de OFAC en relación a Cuba deben ser cumplidas tanto por los ciudadanos como por los residentes permanentes en Estados Unidos. Recientemente, se ha generado mucha discusión acerca de la lista de La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)

Las sanciones impuestas a aquellos que violen estas regulaciones, especialmente después de un festival en Cayo Santa María al que asistieron artistas y algunos residentes en Estados Unidos, quienes se hospedaron en hoteles controlados por GAESA, una empresa de militares cubanos sancionada por el gobierno estadounidense.

La OFAC tiene la responsabilidad de aplicar y hacer cumplir estas sanciones a través de la emisión de licencias, la identificación y bloqueo de activos, y la imposición de multas y penalidades en caso de incumplimiento.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos encargada de administrar y aplicar sanciones económicas y comerciales en línea con la política exterior de los Estados Unidos.

Las sanciones impuestas por OFAC por violar estas regulaciones pueden llegar a ser de cientos de miles e incluso millones de dólares, dependiendo de la gravedad y la duración de la violación.

¿Quiénes deben cumplir con las sanciones de OFAC?

Según la página oficial de OFAC, cualquier ciudadano, residente o persona extranjera con algún vínculo con Estados Unidos debe cumplir con estas regulaciones y estar sujeto a multas.

Las personas estadounidenses deben cumplir con las regulaciones de OFAC, incluyendo a todos los ciudadanos estadounidenses y a los extranjeros residentes permanentes, sin importar dónde se encuentren.

Esto incluye a todas las personas y entidades dentro de Estados Unidos, a todas las entidades incorporadas en Estados Unidos y a sus sucursales en el extranjero.

En ciertos programas, también se requiere el cumplimiento por parte de subsidiarias extranjeras propiedad o controladas por empresas estadounidenses.

Además, ciertos programas también exigen que las personas extranjeras en posesión de bienes de origen estadounidense cumplan con estas regulaciones, afirmó el portal de OFAC.

Sin embargo, queda en duda por qué estas regulaciones no se aplican con mayor rigurosidad.
las restricciones establecidas por el gobierno de Estados Unidos a través de OFAC prohíben a las personas bajo su jurisdicción gastar dinero en entidades restringidas en Cuba.

En cuanto a los viajes turísticos a Cuba, OFAC prohíbe completamente este tipo de viajes, incluso para los cubanos que residen en Estados Unidos, a menos que sea bajo la excepción de una visita familiar.

Es común ver fotos de cubanos que viajan a la isla y se hospedan en hoteles sancionados por mantener relaciones con el régimen de Cuba, lo cual viola las sanciones de OFAC y, por lo tanto, podrían ser sujetos a multas y sanciones civiles.

OFAC declara lo siguiente en relación a los viajes turísticos:

"La OFAC no autoriza viajes o transacciones relacionadas con viajes hacia, desde o dentro de Cuba para actividades turísticas".

Durante el Festival de Cayo Santa María, se observó a cubanos residentes en Estados Unidos promoviendo los hoteles de GAESA desde el propio hotel, lo cual podría ser motivo de sanciones, independientemente del estatus legal de la persona, ya sea residente o ciudadano.

Estas restricciones se aplican con el fin de evitar que las transacciones financieras directas beneficien desproporcionadamente a dichos servicios o personal a expensas del pueblo cubano o de la empresa privada en Cuba.
Sin embargo, basta con revisar las cuentas de Instagram de muchos de estos hoteles sancionados por OFAC para ver que muchos perfiles de cubanos residentes en Estados Unidos publican sus viajes y estancias en estos lugares.

Es válido cuestionar por qué OFAC no hace cumplir estas regulaciones con mayor dureza.

Si bien esto es una suposición, es probable que se deba a la falta de recursos asignados a esta oficina y a la dificultad para obtener las pruebas necesarias para aplicar sanciones a personas individuales, centrándose tal vez en empresas más grandes que realizan transacciones en la isla.

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