El gobierno de Biden está implementando cambios significativos en la política de asilo, con el envío de migrantes a cinco ciudades y más deportaciones exprés.
Bajo la nueva normativa, los inmigrantes adultos detenidos entre puertos fronterizos y liberados por tener una probable causa de asilo serán enviados a estas ciudades para enfrentar juicios acelerados en un plazo máximo de 180 días.
Aquellos cuyos casos sean desestimados enfrentarán un proceso acelerado de deportación.
La nueva estrategia de asilo permitirá imponer consecuencias más rápidamente, incluyendo la deportación de aquellos extranjeros que no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos.
Aquellos que demuestren una causa válida de asilo recibirán rápidamente alivio o protección migratoria, mientras que aquellos que no prueben un temor creíble de persecución serán deportados de manera acelerada.
Estos cambios en la política de asilo son parte de los esfuerzos del gobierno para hacer cumplir la ley de manera efectiva y desalentar la migración irregular.
Aunque se espera que se publiquen en el Registro Federal y se abran al comentario público, el gobierno está tomando medidas para acelerar los procedimientos de asilo y garantizar una respuesta rápida a aquellos que califiquen para recibir ayuda.
El Secretario Garland reafirmó el compromiso de los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia con la aplicación justa y eficiente de las leyes de inmigración.
Destacó que estas medidas ayudarán a garantizar que los casos de inmigración se resuelvan de manera oportuna y justa.
La Corte de Inmigración (EOIR) es una entidad del Departamento de Justicia que opera bajo la supervisión del Fiscal General.
La nueva regla de asilo busca abordar el sistema de asilo que ha estado abrumado por una gran cantidad de casos desde mediados de 2013 en la frontera con México.
Actualmente, la Corte de Inmigración tiene aproximadamente 3.6 millones de casos pendientes, mientras que el servicio de inmigración enfrenta una acumulación de alrededor de 10 millones de solicitudes de servicios.
Los extranjeros que llegan a la frontera suroeste de Estados Unidos a menudo esperan años para obtener una resolución en sus casos.
El gobierno reconoce la falta de recursos, como jueces y abogados de inmigración, que dificultan la resolución rápida de las solicitudes de asilo y prolongan los procesos judiciales de inmigración.
En octubre del año pasado, el Presidente Biden solicitó $14,000 millones al Congreso para contratar más jueces, establecer 100 tribunales de inmigración y fortalecer el sistema.
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