Una nueva reforma migratoria acaba de ser lanzada por la congresista republicana María Elvira Salazar y la demócrata Verónica Escobar.
La propuesta se trata de un proyecto bipartidista que pretende legalizar a los más de 11 millones de ciudadanos indocumentados que radican en los Estados Unidos.
Según expresó Salazar quien representa al Distrito 27 de Florida, este paquete legislativo está siendo un papel protagónico en un momento histórico en el que dos legisladoras deciden trabajar en uno de los temas más polarizadores para el país en general.
La propuesta fue presentada ante la cámara de representantes Y de igual manera controlada por los republicanos, teniendo en cuenta también más fondos para seguridad fronteriza, reformar la manera en la que las personas pueden pedir asilo, al igual que reforzar la seguridad en la frontera.
Según las palabras expresadas por Maria Elvira lo que se está pretendiendo es “dar dignidad a los indocumentados”.
Como parte del mismo proyecto presentado aquellos individuos que se encuentren en alguna situación migratoria y regular dentro del territorio estadounidense, pero que ya hayan vivido por no menos de 5 años dentro del país sin tener ningún tipo de antecedente penal, tiene la posibilidad de Ingresar a un programa que le ofrece un permiso de trabajo y de viaje por 7 años.
También quedando establecido que, durante ese periodo, deberán pagar la suma de $7000 en restitución al gobierno.
La congresista también explicó que estos fondos se usarán para asegurar la frontera y para compensar a los ciudadanos estadounidenses que consideren que han sido reemplazados en sus puestos de trabajo por migrantes indocumentados.
Salazar también explicó, que mientras transcurre el periodo de “estatus de dignidad”
Las personas no tendrán acceso a servicios o programas sociales, pero luego de transcurrir los 7 años deberán esperar otros cinco para solicitar la ciudadanía estadounidense. También quedó contemplado dentro de este proyecto de ley ofertar un camino hacia la ciudadanía para las personas que estén en el programa de acción diferida para los que hayan accedido al país desde su infancia y los beneficiarios del estatus de protección temporal (TPS por sus siglas en inglés).
Así también se extendió la propuesta de ley con respecto a la situación en la frontera Sur, proponiendo la creación de unos campos humanitarios para así de tener a quienes buscan pedir asilo en Estados Unidos y dónde deberán esperar a que un oficial de asilo resuelva su caso en un periodo de no más de dos meses.
Contemplando de igual modo, el hecho de destinar más fondos para la seguridad fronteriza, incluyendo unos 10,000 millones de dólares con el propósito de expandir y mejorar los puertos de entrada.
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