Individuos en el interior de Estados Unidos sin justificación legal para permanecer enfrentan deportación, lo que ha sido una preocupación constante para muchos inmigrantes que viven en el país.
Muchos de estos individuos han vivido en el país durante muchos años, han construido hogares, trabajado y criado a sus hijos aquí, sin embargo, a pesar de su tiempo en el país, si no tienen un estatus migratorio legal, pueden ser deportados y separados de sus familias y comunidades.
Esta política migratoria ha sido objeto de controversia y debate en los últimos años, ya que muchos argumentan que es inhumana y afecta negativamente a las comunidades y economías locales.
Por otro lado, algunos argumentan que es importante hacer cumplir las leyes de inmigración para mantener la seguridad y la soberanía del país.
Aunque la deportación es una realidad para muchos individuos sin estatus migratorio legal, existen recursos y organizaciones que brindan apoyo y defensa a aquellos que enfrentan la deportación.
Estas organizaciones ofrecen servicios legales, recursos de educación y defensa política para aquellos que buscan permanecer en el país y mantener a sus familias juntas.
Es importante recordar que todos merecemos ser tratados con dignidad y respeto, independientemente de nuestro origen o estatus migratorio.
Durante la primera mitad del año fiscal 2023, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) ha intensificado sus esfuerzos para hacer cumplir las leyes de inmigración en Estados Unidos. En total, se han efectuado 225,483 deportaciones y retornos, lo que representa un aumento significativo en comparación con los 170,896 del mismo período del año anterior.
Entre las cifras, se destacan las casi 66,000 deportaciones, de las cuales 48,381 fueron llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).
Además, se suman al 1,079,507 que fueron expulsados por el servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) de Estados Unidos por la frontera suroeste bajo la orden de salud pública del Título 42.
Con el fin de la Orden de salud pública bajo el Título 42, DHS y ICE continuarán haciendo cumplir las leyes de inmigración de Estados Unidos volviendo al uso de procedimientos de expulsión rápida bajo el Título 8.
Esto significa que aquellos que intenten ingresar ilegalmente a Estados Unidos a través de los puertos de entrada enfrentarán consecuencias más severas, como un veto sobre la entrada al país por un mínimo de 5 años y enjuiciamiento criminal por entrada ilegal.
Quienes tengan una orden final de deportación serán deportados rápidamente, gracias a los nuevos acuerdos con varios países que permitirán más vuelos de retorno. Sin embargo, es importante destacar que existen vías legales para ingresar a Estados Unidos sin cruzar ilegalmente la frontera.
DHS y ICE se comprometen a hacer cumplir las leyes de inmigración de manera humana y efectiva, y continuarán trabajando para garantizar la seguridad de la nación y de sus ciudadanos.
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