Cubanos en Miami están solicitando que el programa de Parole no sea eliminado después del inicio del juicio. Los estados argumentan que el programa de Parole humanitario no cumple con ciertas regulaciones que deberían ser aprobadas primero por el Congreso.
Este jueves comenzó el juicio contra el programa de Parole humanitario para ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití implementado por la administración del presidente Joe Biden, luego de la demanda presentada por 21 estados republicanos, incluyendo Florida.
Hasta finales de julio, más de 72.000 haitianos, 63.000 venezolanos, 41.000 cubanos y 34.000 nicaragüenses han sido examinados y autorizados para ingresar a Estados Unidos a través del programa de libertad condicional. Este programa ha sido objeto de debate en un juicio que se está llevando a cabo en Texas.
Durante el juicio, el gobierno federal ha presentado nuevos testigos que han compartido historias que demuestran el éxito del programa y cómo ha contribuido a reducir la crisis humanitaria en la frontera.
Sin embargo, los estados demandantes argumentan que el programa está generando costos adicionales relacionados con el cuidado de las calles, deprimiendo los salarios y afectando las economías de los estados, además de saturar los servicios.
No obstante, el centro de leyes y política de emigración ha afirmado ante el juez que estas afirmaciones no son ciertas, y que el programa de libertad condicional está ayudando a cubrir la escasez de mano de obra en el país.
El juez ha establecido el 29 de septiembre como la fecha límite para que ambas partes presenten sus argumentos finales. Después de esto, el juez tomará su tiempo para tomar una decisión sobre la legalidad del programa, lo cual podría llevar uno o dos meses.
Es importante resaltar que el juicio estaba originalmente programado para el 15 de junio, pero fue pospuesto para el 24 de agosto debido a una solicitud conjunta de los 20 estados republicanos demandantes y el Gobierno federal, quienes necesitaban más tiempo para desarrollar sus argumentos.
Los estados alegan que el programa de Parole humanitario no cumple con ciertas regulaciones que deberían ser aprobadas primero por el Congreso.
El juicio en Texas está examinando el programa de Parole migratorio de la Administración Biden. El gobierno afirma que su programa de permisos humanitarios ha reducido el número de solicitantes de asilo en la frontera.
El programa de Parole humanitario de inmigración del presidente Joe Biden está siendo debatido en un tribunal federal de Texas debido a una demanda presentada por 21 estados con tendencia republicana.
Texas lidera la demanda de los estados con tendencia republicana para detener el programa, argumentando que la administración Biden ha excedido su autoridad.
Otros programas implementados por la administración para reducir la inmigración ilegal también han enfrentado desafíos legales.
El centro es uno de los grupos de derechos de los inmigrantes que defienden a siete personas que patrocinan a los inmigrantes. Se espera que uno de los patrocinadores testifique durante el juicio.
El juicio sobre la demanda presentada por los estados está siendo presidido por el juez federal de distrito Drew Tipton en Victoria, Texas.
Tipton, designado por Donald Trump, ya se ha manifestado en contra de la administración Biden en relación a la prioridad de deportación.
El juicio se está transmitiendo en vivo desde Victoria hacia una sala de un tribunal federal en Houston y se espera que tenga una duración de dos días. Posteriormente, se espera que el juez Tipton emita un fallo.
En los documentos judiciales, Texas y otros estados han calificado el programa implementado por la administración Biden como un "ejemplo extremo" de no cumplimiento de las leyes de inmigración que exigen otorgar la libertad condicional solo en casos de beneficio público significativo o razones humanitarias urgentes.
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