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Muchos cubanos quedarían sin residencia tras nueva directiva

Foto del escritor: Yasel LopezYasel Lopez

Con este reciente anuncio, una gran cantidad de migrantes cubanos perderán la oportunidad de obtener la residencia permanente, que les permitiría regularizar su estatus en el país.

La suspensión de los trámites migratorios ha dejado a miles de familias cubanas en un estado de incertidumbre y angustia, temerosas de ser deportadas en cualquier momento.


En la actualidad, más de 530,000 beneficiarios de este programa se enfrentan a una incertidumbre alarmante.
Uno de los programas más vulnerables ante esta nueva política es el parole humanitario, establecido en 2022, que permitió a cientos de miles de personas de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua ingresar legalmente a Estados Unidos.

Esta pausa afecta especialmente a aquellos que intentan legalizar su situación en Estados Unidos.

La nueva política del gobierno ha bloqueado el proceso de residencia permanente para migrantes que se encuentran bajo estatus humanitario, incluyendo a refugiados, asilados y beneficiarios del parole, entre los cuales se cuentan miles de cubanos.


El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha ordenado una pausa temporal en el ajuste de estatus para estos casos, justificando la medida por la necesidad de implementar controles adicionales de seguridad, identidad y prevención de fraudes.


Sin embargo, los migrantes que no han solicitado asilo ni tienen otro estatus legal son los que corren un mayor peligro.
Los abogados coinciden en que aquellos que ya habían comenzado el proceso de ajuste de estatus antes de esta nueva medida no deberían ser deportados de inmediato.

Esta decisión se basa en dos órdenes ejecutivas firmadas recientemente por Trump, que tienen como objetivo reforzar el control migratorio y revisar las políticas más flexibles que fueron adoptadas durante la administración de Joe Biden.

Se estima que alrededor de 111,000 de estos beneficiarios son cubanos, siendo los más afectados aquellos 26,000 que llegaron después de marzo de 2024, quienes no cumplen con el requisito de un año y un día necesario para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.

El gobierno ha establecido un plazo de 30 días, que finaliza el 24 de abril, para que estas personas abandonen el país por su propia voluntad.

De no hacerlo, podrían enfrentar un proceso de deportación acelerado. Para facilitar la salida voluntaria, se ha desarrollado una aplicación digital, lo que muchos interpretan como una medida de presión.


La situación se agrava con el aumento de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en lugares como el sur de Florida, lo que ha incrementado el miedo entre los migrantes.
Algunos han sido detenidos sin previo aviso, intensificando la sensación de vulnerabilidad y desamparo.

Por otra parte, aquellos cubanos que ingresaron a Estados Unidos con un formulario I-220A tras cruzar la frontera con México también se encuentran en una situación complicada.

Los tribunales han determinado que este documento no les permite aplicar a la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Muchos han intentado explorar otras vías, como el asilo, pero no todos logran calificar. Según datos recientes, cerca de 550,000 cubanos podrían estar en riesgo de deportación debido a la falta de un camino claro para regularizar su estatus.

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