Durante los últimos siete meses del año fiscal actual, más de 2,000 cubanos han recibido una orden final de deportación de Estados Unidos.
Estas órdenes se han dado a conocer después de que un juez de inmigración estadounidense tomara una decisión al respecto. De los afectados, solo 25 optaron por abandonar voluntariamente el país.
Las estadísticas indican que los cubanos han cerrado un total de 33,859 casos, colocándolos en el sexto lugar entre países como Honduras, Guatemala, México, Venezuela y El Salvador, que encabezan la lista en ese orden.
Según datos recientes de la Universidad de Syracuse, las posibilidades de obtener asilo en Estados Unidos son limitadas.
Solo el 13.9% de los inmigrantes deportados en abril de 2024 contaron con representación legal.
Por otro lado, un sorprendente 86% de los deportados tuvieron que navegar por el sistema legal sin la ayuda de un abogado, resaltando la importancia vital de la asistencia legal en estos procesos.
Numerosos casos en los que los cubanos han pasado décadas luchando por su estatus migratorio.
Un caso destacado es el de un individuo cubano que finalmente obtuvo alivio a través del sistema judicial de inmigración después de más de 30 años.
El sistema de tribunales de inmigración se enfrenta a un desafío cada vez mayor con casi 3.6 millones de casos pendientes, incluyendo 1.3 millones de casos que involucran procedimientos de deportación.
Desde el inicio del año fiscal, el sistema ha visto un aumento constante con casi 100,000 nuevos casos cada mes.
En Florida, Miami-Dade lidera los casos de inmigración con 14,854 pendientes, seguido por Los Ángeles, Queens, el condado de Cook y el condado de Harris.
En abril, los jueces emitieron órdenes de deportación para 27,896 inmigrantes, pero a 4,087 se les concedió alivio.
El sistema de inmigración de Estados Unidos está experimentando dificultades a medida que aumenta el número de casos pendientes y órdenes de deportación. Problemas como la falta de representación legal adecuada para los inmigrantes y la abrumadora carga de trabajo en los tribunales de inmigración dificultan el procesamiento eficiente de los casos.
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