En los primeros cinco meses del año, el Instituto Nacional de Migración de México detectó aproximadamente 1.4 millones de migrantes en situación irregular en el país, provenientes de 177 países.
Entre ellos, se encontraban 738,270 hombres adultos viajando solos, 362,979 mujeres adultas no acompañadas, 154,291 adultos en núcleos familiares con 135,151 menores, y 2,992 niños sin compañía de adultos.
Los migrantes más numerosos procedían de Venezuela, seguidos por Guatemala, Honduras, Ecuador y Haití. Además, se detectaron migrantes de países africanos como Senegal, Guinea y Mauritania, así como de China, India y Angola.
A pesar de que el flujo migratorio se ha incrementado en el primer trimestre del año, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha negado que haya un desbordamiento del mismo en el país, atribuyendo este aumento a las políticas de asilo implementadas por la administración Biden.
Las restricciones impuestas por Estados Unidos han tenido un impacto desigual en México, con albergues en el norte del país atendiendo a más migrantes
mientras que en el sur de Texas y California hay suficiente espacio. La situación se complica en Sonora, México, donde se reportan hasta 500 deportaciones diarias desde Arizona, según los directores de los albergues.
La mayoría de los migrantes indocumentados atraviesan México con el objetivo de llegar a la frontera norte y cruzar hacia Estados Unidos.
En el año 2023, se registraron más de 2.4 millones de cruces irregulares en la frontera binacional, con un récord de 10,000 personas por día en diciembre. Sin embargo, esta cifra ha ido disminuyendo debido a mayores controles en ambos países.
Los principales países de origen de los migrantes son Venezuela, Guatemala, Honduras, Ecuador, Haití, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Perú y Cuba, entre otros.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha negado un desbordamiento del flujo migratorio en el país, a pesar de las medidas antiinmigrantes implementadas por el Gobierno de Estados Unidos y la orden ejecutiva de Biden que restringe las solicitudes de asilo y acelera las deportaciones.
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