Nuevas regulaciones para los patrocinadores y el parole humanitario

Según un anuncio reciente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha implementado nuevas regulaciones para los patrocinadores del programa parole humanitario en los Estados Unidos.

Ahora se requerirá que los visitantes se tomen las huellas digitales y paguen una tarifa de $30 como parte del proceso de verificación de identidad.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planea realizar revisiones manuales a gran escala de las solicitudes en pequeños lotes.

La acción, anunciada oficialmente en septiembre, se aplica a todos los patrocinadores, incluidos aquellos que han dejado un legado en el pasado.

Las huellas dactilares deberán presentarse en persona para permitir que el gobierno de EE. UU. realice una verificación de antecedentes más exhaustiva del patrocinador.

Según información proporcionada por el DHS, este cambio tiene como objetivo mejorar la seguridad y transparencia del proceso de aprobación del parole humanitario.

Este requisito se aplicaría a todos los patrocinadores, aunque el DHS no ha especificado si se aplicaría a aquellos que ya tienen en el sistema o no, las notificaciones de huellas dactilares se enviarán a la cuenta USCIS del patrocinador, por lo que es importante mantenerse alerta para evitar demoras y problemas.

Hasta la fecha, el DHS ha procesado dos tercios de las 101.000 denuncias sospechosas, pero todavía quedan unas 30.000 pendientes.

Además que el pago de los derechos dactiloscópicos es obligatorio y es responsabilidad exclusiva del patrocinador, independientemente del número de beneficiarios.

Sin embargo, el beneficiario no tendrá que someterse a ningún procedimiento de verificación adicional.

El nuevo proceso ha generado preocupación entre los solicitantes de libertad condicional, quienes se preguntan si aquellos que han sido aprobados aún tendrán que cumplir con los requisitos.

Aunque no ha habido confirmación oficial, los expertos coinciden en que probablemente todos los patrocinadores la necesitarán.

as autoridades enfatizaron que los delitos de inmigración no tienen plazo de prescripción, lo que significa que a quienes cometen fraude se les podría revocar su residencia o ciudadanía en el futuro.

Este cambio, junto con la apertura de una nueva oficina de USCIS en Quito, Ecuador, es un esfuerzo para agilizar los procedimientos de inmigración y mejorar los controles de seguridad.

Con estas actualizaciones, el DHS pretende fortalecer el parole humanitario garantizando que los patrocinadores cumplan con todos los requisitos de seguridad necesarios para el proceso.