Un grupo de organizaciones proinmigrantes ha presentado una demanda contra el presidente Biden por restringir el asilo en la frontera.
La orden, que entró en vigor el 5 de junio, ha generado preocupación entre los defensores de los derechos de los inmigrantes, ya que las deportaciones podrían alcanzar niveles sin precedentes.
La demanda fue presentada por la ACLU y otros grupos activistas en nombre de Las Americas Immigrant Advocacy Center y RAICES.
Esta acción legal representa un desafío a las amplias restricciones impuestas por Biden en la frontera sur, que fueron implementadas después de meses de deliberaciones en la Casa Blanca.
Estas medidas buscan, en parte, desviar las críticas hacia el presidente por su gestión de la inmigración.
La orden emitida por Biden limita la tramitación de solicitudes de asilo una vez que el número de encuentros con migrantes entre los puertos de entrada alcance los 2.500 al día.
Estas restricciones se mantendrán en vigencia hasta que la cifra de encuentros diarios descienda a 1.500 durante un promedio de siete días.
A pesar de que la mayoría de los inmigrantes entran a Estados Unidos buscando asilo, muchos lo hacen por motivos económicos.
Las políticas más flexibles de Biden hasta mayo pasado permitieron la entrada de aproximadamente 10 millones de personas, según informes de la CBP.
El caso se ha presentado en una corte de distrito de Washington, y se espera que el resultado tenga un impacto significativo en la política migratoria del país.
Mientras tanto, las organizaciones continúan luchando por los derechos de los migrantes y buscando alternativas para proteger a aquellos que buscan una vida mejor en Estados Unidos.
Sin embargo, la orden incluye excepciones para ciertos grupos, como los menores que viajan solos, las víctimas de tráfico humano, los migrantes con visado y aquellos que llegan a un puerto de entrada de manera legal.
Además de permitir el cierre de la frontera, la orden también endurece los estándares para examinar las solicitudes de asilo y favorece las deportaciones aceleradas. Esta medida ha generado controversia y ha llevado a organizaciones de defensa de los migrantes a demandar al gobierno.
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