El objetivo de este acercamiento entre ambos partidos es obtener los votos necesarios para aprobar una enmienda dentro del plan de presupuesto para dicho año. Según filtraciones, el proyecto propone que los solicitantes de asilo sean encarcelados hasta que se resuelvan sus casos y niega la ciudadanía a los dreamers, jóvenes indocumentados que ingresaron a Estados Unidos antes de los 16 años.
Las conversaciones a puerta cerrada entre demócratas y republicanos en el Senado, en el marco del debate sobre el presupuesto de 2024, vuelven a poner sobre la mesa el tema de la inmigración, pero con cada vez más restricciones.
Un grupo de 11 senadores demócratas emitió una declaración conjunta este miércoles denunciando las "negociaciones relacionadas con posibles cambios en nuestro sistema de asilo", lo cual consideran que establecería un precedente peligroso y pondría en riesgo la aprobación de la asistencia para nuestros aliados.
Las conversaciones secretas llevadas a cabo por este grupo bipartidista se dieron a conocer el martes y revelan que, en el caso de los dreamers
Estos inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años y han estado esperando durante más de dos décadas a que el Congreso legalice su estatus, no tendrían posibilidad alguna de solicitar la ciudadanía estadounidense.
Tillis, al igual que otros republicanos tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, ha declarado que el tema migratorio que se está viviendo actualmente en la frontera "es un problema de seguridad nacional, pero también es un problema político".
Además, agrega que "no creo que los republicanos sean los únicos que reconocen que debemos avanzar en materia de seguridad fronteriza y que debemos hacerlo.
Sin embargo, lo que me preocupa, o lo que me frustra acerca de Washington, es que cuando establecemos una fecha límite, casi nunca logramos hacer algo temprano", indicó.
En cuanto a la postura de la Casa Blanca, se inclina hacia imponer más restricciones.
Cuando Joe Biden asumió la presidencia en enero de 2021, revirtió la política migratoria de "tolerancia cero" del gobierno anterior con el objetivo de favorecer y proteger el debido proceso autorizado por el Congreso.
Sin embargo, la llegada de cientos de miles de inmigrantes a la frontera sur, reclamando un beneficio legal como el asilo, ha agotado la capacidad de respuesta y amenaza con colapsar el sistema.
La Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), bajo cuyo mando opera la Patrulla Fronteriza, revela que entre enero de 2021 y octubre de 2023 se han registrado 7,961,063 hallazgos o detenciones de extranjeros en las fronteras norte y sur de Estados Unidos, y que la mayoría de ellos fueron deportados o devueltos porque no tenían una causa legal para permanecer en el país.
El resto de los casos de inmigración fueron procesados y referidos a la Corte de Inmigración (EOIR), donde los jueces decidirán sobre su futuro en el país, de acuerdo con la ley.
Sin embargo, los tribunales de inmigración tienen una acumulación de entre 2.2 y 2.5 millones de casos y, en promedio, la resolución de los mismos tarda entre 3 y 4 años.
Por otro lado, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) tiene más de 9 millones de expedientes acumulados, incluyendo solicitudes de asilo afirmativo y autorizaciones de empleo (EAD).
La crisis generada por el alto número de casos y la capacidad limitada de respuesta ha llevado a la Casa Blanca a modificar las regulaciones de asilo en los últimos meses, con el objetivo de controlar el flujo migratorio, especialmente en la frontera con México.
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