El informe de beneficiarios finales (BOI, por sus siglas en inglés), establecido bajo la Corporate Transparency Act, entró en vigor este año y tiene como fecha límite para su cumplimiento el próximo 31 de diciembre.
¿A quiénes aplica el reporte de beneficiarios finales?
El BOI tiene un impacto amplio, afectando a diversas entidades como corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada (LLCs) y otras organizaciones similares, independientemente de si fueron registradas antes o después de la implementación de la ley.
En términos generales, cualquier empresa registrada en Estados Unidos deberá cumplir con esta normativa, salvo algunas excepciones notables.
Entre estas excepciones se encuentran aquellas empresas que ya reportan información detallada a reguladores gubernamentales, así como entidades gubernamentales y otras organizaciones que están sujetas a regulaciones específicas.
Entre las excepciones más comunes están:
- Bancos y entidades financieras reguladas
- Empresas cotizadas en bolsa
- Organizaciones sin fines de lucro
- Entidades inactivas que no realizan negocios activos
La normativa exige que las empresas presenten información esencial sobre sus beneficiarios finales.
Se entiende por beneficiario final a cualquier individuo que posea, directa o indirectamente
(ya sea a través de un contrato, acuerdo o participación accionaria), al menos el 25% de la entidad o que ejerza un control significativo sobre la misma.
Las empresas están obligadas a proporcionar los siguientes datos sobre cada beneficiario final:
- Nombre completo
- Fecha de nacimiento
- Domicilio residencial (no se permite que sea una casilla de correo)
- Número de identificación (por ejemplo, pasaporte o documento de identidad)
¿Por qué es importante el BOI?
Además, la presentación de estos informes beneficia a las empresas legítimas, ya que promueve un ambiente de confianza y transparencia en el sistema financiero tanto estadounidense como global, creando un entorno de negocios más equitativo.
Es importante recordar que el incumplimiento de esta normativa conlleva serias sanciones.
Las multas pueden alcanzar los USD 500 diarios y, en caso de que la omisión se realice de manera deliberada, estas pueden ascender hasta los USD 250.000.
Además, se pueden imponer cargos criminales que podrían resultar en penas de prisión de 2 a 5 años. Por lo tanto, es crucial que las empresas se adhieran a estas regulaciones para evitar consecuencias legales severas.
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