Presentan demanda contra la nueva ley de inmigración de Florida en una corte de Miami,
un grupo de asociaciones proinmigrantes y defensoras de los derechos de los agricultores ha presentado una demanda contra la nueva ley de inmigración de Florida en una corte de Miami.
La demanda se centra en la sección 10 de la ley, que acusa de tráfico humano a cualquier persona que transporte a un inmigrante indocumentado al estado. La demanda sostiene que esta ley perjudica gravemente la capacidad de las personas para llevar a cabo su vida diaria, y podría generar arrestos ilegales, enjuiciamientos y acoso.
Asimismo, la demanda señala que la sección 10 pone en riesgo a miles de ciudadanos y residentes de otros estados que podrían ser arrestados, acusados y condenados por transportar a una muy vagamente definida categoría de inmigrantes a Florida.
Además, la ley implica que las familias no podrán visitarse entre las fronteras del estado y los padres que viven cerca de la frontera podrían tener dificultades para llevar a sus hijos a citas médicas o juegos de fútbol.
La demanda argumenta que esta ley va mucho más allá de las leyes de inmigración federales, y penaliza una serie de conductas que el Congreso ha elegido no prohibir. También responsabiliza a la ley de poner a funcionarios estatales en una posición ilegal al tener que tomar determinaciones complejas sobre el estatus legal e historial migratorio de las personas.
Las organizaciones que interpusieron la demanda son el American Immigration Council, Americans for Inmigrants Justice, Southern Poverty Law Center y la ACLU, además de 9 demandantes que no son nombrados.
La ley de inmigración de Florida es considerada la más dura de los Estados Unidos, y entre sus apartados penaliza por transportar inmigrantes indocumentados al estado, obliga a los hospitales que aceptan Medicaid a pedir el estatus migratorio de los pacientes, obliga a las empresas con más de 25 personas a verificar la elegibilidad de sus empleados a través del sistema E-verify y cancela las licencias de conducir expedidas a indocumentados en otros estados. La ley fue firmada por el gobernador Ron DeSantis y entró en vigor el pasado 1 de julio.
La ley ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, inmigrantes y defensores de los derechos civiles.
La demanda presentada en una corte de Miami es un paso importante para cuestionar la legalidad de esta ley y proteger los derechos de los inmigrantes y trabajadores agrícolas en Florida.
La ley busca limitar el número de inmigrantes ilegales en el estado y da más poder a las fuerzas del orden para detener y deportar a aquellos que no tienen documentos.
Algunas de las medidas más polémicas incluyen la penalización de las ciudades santuario y el requerimiento de que las empresas verifiquen el estatus migratorio de sus empleados.
Los críticos argumentan que estas medidas violan los derechos civiles y pueden aumentar la discriminación racial en el estado.
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