La Administración Biden ha actualizado las prioridades sobre las deportaciones de inmigrantes, enfocándose en la seguridad nacional, pública y de la frontera desde abril de 2022. Este cambio abre un resquicio de esperanza para muchos cubanos en Estados Unidos, quienes ahora podrían beneficiarse de una revisión procesal que podría pausar o terminar sus casos de deportación.
La reciente comprobación en las prioridades de deportación por parte de la administración demócrata se centra en tres aspectos cruciales: la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad de la frontera.
Esto significa un replanteamiento significativo que podría beneficiar a un considerable número de inmigrantes que no se encuentran dentro de estos contextos de deportación prioritaria.
Con esta nueva directriz, muchos inmigrantes, incluyendo cubanos, podrían solicitar la discreción procesal del fiscal en materia migratoria.
Esto podría resultar en la terminación de sus juicios o casos en tribunales, una oportunidad previamente no disponible para muchos.
Además, para aquellos inmersos en procesos o detenciones migratorias, ahora existe la opción de solicitar una verificación para una posible liberación. Esto permitiría enfrentar el juicio en libertad, terminarlo, o incluso congelar el procedimiento si se desea continuar con el trámite.
La congelación del procedimiento es equivalente a pausar el juicio, evitando una posible deportación mientras se buscan nuevas pruebas o se espera por algún otro alivio migratorio, como podría ser un matrimonio con un ciudadano o residente permanente.
En un proceso de deportación regular, el gobierno está en la búsqueda activa para ejecutar la orden de deportación.
Sin embargo, con el cierre administrativo, se permite congelar el expediente, evitando así enfrentar una decisión adversa inmediata.
Aunque la petición de asilo sigue existiendo, los beneficiados por esta nueva disposición también podrían solicitar permisos de trabajo, lo cual representa un alivio significativo en términos económicos y sociales.
Incluso sin delitos graves en su historial, la orden de deportación se mantiene, pero la tranquilidad llega con la garantía de que las agencias de seguridad no buscarán activamente ejecutar estas órdenes, especialmente si la persona tiene lazos familiares, buena conducta moral y está al día con sus impuestos.
Esto refleja un cambio en la postura gubernamental, donde no serán objeto de ejecución de deportación salvo en casos de delitos graves, participación en esquemas que atenten contra la seguridad de Estados Unidos o aquellos que hayan llegado después del 1 de noviembre de 2020.
Para la comunidad cubana en el extranjero, esta actualización en las políticas de deportación representa una luz de esperanza en un camino lleno de incertidumbres, y un paso hacia un trato más humano y justo en materia de migración.
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