Programa de Biden se enfrenta a juicio en Texas esta semana .

Los estados republicanos argumentarán que la administración de Biden está excediendo su poder y usurpando la autoridad del Congreso al utilizar la libertad condicional de manera masiva, en lugar de caso por caso.

Veintiún estados, en su mayoría republicanos, amenazan con poner fin al programa de libertad condicional humanitaria del presidente Joe Biden a través de una demanda que busca determinar su legalidad. El juicio se llevará a cabo en un tribunal de Texas a partir del jueves y se espera que la decisión se tome más adelante.

El caso está programado para ser escuchado por el juez Drew Tipton en Victoria, Texas, un designado de Donald Trump que falló en contra de la administración Biden sobre a quién priorizar para la deportación.

Este programa permite que hasta 360.000 personas ingresen anualmente a Estados Unidos desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La administración argumenta que busca alentar a los inmigrantes a utilizar las vías preferidas por el gobierno y advierte de duras consecuencias en caso de no hacerlo.

La administración de Biden ha afirmado que tuvo que actuar debido a la falta de acción por parte del Congreso para reformar el sistema de inmigración del país. Gran parte de la estrategia será puesta a prueba en este juicio.

Los estados republicanos argumentarán que la administración de Biden está excediendo su poder al utilizar la libertad condicional de manera masiva, en lugar de aplicarla caso por caso en situaciones de urgencia humanitaria o beneficio público significativo.

Por su parte, la administración afirma tener el poder de utilizar la libertad condicional humanitaria de esta manera y atribuye a esta iniciativa la reducción drástica de los cruces fronterizos ilegales de inmigrantes de los cuatro países mencionados.

Es importante destacar que Estados Unidos utilizó sus poderes de libertad condicional humanitaria para permitir la entrada a decenas de miles de ucranianos cuando Rusia invadió, pero la demanda de los estados republicanos no impugna esa decisión.

Para acceder a este programa, los solicitantes deben pasar por verificaciones de antecedentes y contar con un patrocinador financiero en Estados Unidos que se haga responsable de ellos.

En caso de ser aprobados, volarán a un aeropuerto de Estados Unidos en lugar de cruzar la frontera sur.

Posteriormente, podrán permanecer en el país durante dos años y obtener un permiso de trabajo.

Los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes han logrado unirse a los procedimientos legales en nombre de una inmigrante haitiana y otras seis personas que patrocinan a los inmigrantes.

Blas Nuñez-Neto, subsecretario de política fronteriza e inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, expresó su preocupación por el juicio y aseguró que el gobierno apelará en caso de que la administración pierda el caso.