El BOI o Beneficial Ownership Information Report (Informe de Información sobre la Propiedad Beneficiaria) es un requisito impuesto por FinCEN, la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos.
Este informe exige a las empresas proporcionar información detallada sobre sus beneficiarios reales y los registrantes comerciales asociados.
Su propósito es aumentar la transparencia y combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros.
¿Quién es considerado un beneficiario real?
Un beneficiario real se define como una persona física que, directa o indirectamente, ejerce un control significativo sobre una empresa o posee, controla o tiene derecho a recibir al menos el 25% de las participaciones de dicha empresa.
Esto significa que no solo se trata de quien tiene la propiedad legal, sino también de quien tiene un poder de decisión o influencia sobre la gestión de la empresa.
¿Cómo se define el control sustancial?
El control sustancial se refiere a la capacidad de una persona para influir o tomar decisiones importantes dentro de la empresa. Una persona se considera que ejerce control sustancial si cumple con alguna de las siguientes condiciones:
1. Altos directivos: Si la persona ocupa un puesto de alta dirección dentro de la empresa, como presidente, director financiero, director ejecutivo, director de operaciones, entre otros.
2. Autoridad de nombramiento: Si tiene la capacidad de nombrar o destituir a ciertos directivos o a una mayoría de los miembros del consejo de administración o un órgano similar.
3. Responsabilidad en la toma de decisiones: Si es responsable de tomar decisiones clave dentro de la empresa.
4. Otras formas de control: Cualquier otra forma de control sustancial que se detalle en la Guía de Cumplimiento para Pequeñas Entidades de FinCEN.
Cómo ayudar a las empresas a cumplir con este requisito
Para ayudar a las empresas a cumplir con el requisito del BOI, es fundamental ofrecer orientación y recursos que faciliten la recopilación de la información necesaria. Esto puede incluir:
- Capacitación sobre cómo identificar a los beneficiarios reales y entender el concepto de control sustancial.
- Asesoramiento legal para asegurarse de que las empresas están al tanto de sus obligaciones y de las posibles implicaciones de no cumplir con el informe.
- Herramientas y plantillas que simplifiquen el proceso de recopilación y presentación de la información requerida.
- Actualizaciones sobre cambios normativos que puedan afectar la forma en que se debe reportar la información.
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