El gobierno de Biden ha decidido reactivar el proceso administrativo de deportación después del fallo emitido por la Corte Suprema. En junio, en respuesta a una demanda presentada por Texas y Louisiana, el máximo tribunal determinó que los estados no tienen la autoridad para impugnar las decisiones tomadas por el gobierno federal en asuntos de inmigración.
El gobierno de Joe Biden está dispuesto a seguir llevando a cabo la expulsión de inmigrantes indocumentados que no se encuentren en la lista de prioridades de deportación establecida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
En un memorando de la fiscal Rebecca R. Stern, jefa de la Oficina Legal Principal de ICE, se menciona que la agencia federal encargada de las deportaciones "desea presentar una moción sin oposición para desestimar a la luz de esta solicitud previa de discreción procesal (Prosecutorial Discretion, PD) que había sido rechazada anteriormente, pero que ahora puede ser aprobada según nuestro programa actual".
Este cambio de postura se produce como respuesta al fallo emitido el 23 de junio por la Corte Suprema de Justicia, en el que los magistrados (8 a 1) fallaron a favor del gobierno de Joe Biden y mantuvieron vigentes las prioridades de deportación establecidas en 2021, las cuales se centran en aquellos indocumentados que han cometido delitos graves.
La Corte Suprema, en respuesta a la demanda presentada por Texas y Louisiana, ambos gobernados por republicanos, determinó que los estados no tienen la autoridad para impugnar decisiones de este tipo tomadas por el gobierno federal en asuntos de inmigración.
Los demandantes argumentaban que el gobierno violaba la ley al no arrestar y expulsar del país a cualquier extranjero con una orden de deportación vigente.
El cambio de postura de ICE se refiere a la decisión de los fiscales de inmigración de considerar la opción de cerrar casos de deportación, conocida como Prosecutorial Discretion (PD), a pesar de haberla negado anteriormente.
Esto se debe a que ahora están dispuestos a presentar una moción sin oposición para desestimar los casos de deportación basados en el programa presente.
ICE está ofreciendo cerrar los procesos de deportación de aquellos inmigrantes indocumentados que no tienen delitos y no se encuentran en la lista de prioridades de deportación del gobierno. En resumen, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no desea continuar con estos procesos de deportación.
Es importante destacar que, aunque el inmigrante no recibirá la residencia legal permanente (LPR) ni podrá convertirse en ciudadano por naturalización, tampoco se le considerará como indocumentado en los Estados Unidos.
Podrá permanecer en el país protegido de la deportación, aunque no tendrá permiso de trabajo hasta que se apruebe una reforma migratoria por parte del Congreso, por ejemplo.
El caso que motivó el cambio de postura fue rechazado antes del fallo de la Corte Suprema, lo que evidencia una modificación de la posición después de la sentencia que confirmó las prioridades de deportación del gobierno.
A partir del 25 de abril del año pasado, los fiscales de ICE han tenido la autoridad discrecional temporal para tomar medidas favorables en los casos de inmigrantes que el gobierno no considera una prioridad de deportación.
Esto se establece en un memorando firmado por Kerry Doyle, asesor jurídico principal de la agencia.
Los extranjeros que estarán bajo la vigilancia de ICE son:
- Aquellos que representen una amenaza para la seguridad nacional.
- Aquellos que representen una amenaza para la seguridad pública.
- Aquellos que representen una amenaza para la seguridad en la frontera.
En relación con el uso de la discrecionalidad por parte de los fiscales de ICE, el memorando detalla que la Oficina del Asesor Legal Principal de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE-OPLA) ha otorgado poderes extraordinarios a los fiscales de ICE para tomar decisiones significativas.
Estas decisiones son las siguientes:
Cierre Administrativo: Esta medida implica la suspensión temporal de los procedimientos de deportación al eliminar un caso de los calendarios activos de la Corte de Inmigración (EOIR). Es importante destacar que el expediente del caso no desaparece, sino que queda inactivo. Sin embargo, en el futuro, el caso puede ser nuevamente programado en el calendario y la persona deberá comparecer ante un juez para defender su permanencia en Estados Unidos.
Terminación de un caso: Esta alternativa representa una mejor opción para las personas involucradas. Significa que el caso de deportación se da por terminado de manera definitiva. Para reanudar el proceso de deportación de esa persona, se requiere enviar una nueva Notificación de Comparecencia (NTA) para un nuevo juicio. Esta medida implica que el caso se cierra definitivamente y no se retomará a menos que se cumplan los procedimientos correspondientes.
Moción de Reapertura: Esta opción se aplica a personas que tienen una orden de deportación y solicitan que su caso sea reabierto para su revisión. La decisión de reabrir el caso se basa en los méritos del expediente y los argumentos presentados por el inmigrante que solicita este beneficio.
Esta medida permite una revisión exhaustiva del caso y una nueva oportunidad para presentar argumentos a favor de la permanencia en Estados Unidos.
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