Seis semanas después de su implementación, todavía persisten muchas dudas sobre cómo se está aplicando la polémica legislación promovida por el gobernador Ron DeSantis. A continuación, te explicamos de manera clara y directa nueve aspectos fundamentales de esta controvertida ley SB 1718.
La ley SB 1718, conocida como la ley migratoria de Florida, entró en vigor el pasado 1 de julio con el objetivo de convertir al estado sureño en uno de los más restrictivos en materia migratoria en Estados Unidos, según la opinión de numerosos expertos y activistas.
Aprobada por una amplia mayoría en ambas cámaras de la Asamblea Estatal, el gobernador Ron DeSantis la promulgó el 10 de mayo, generando aplausos entre los republicanos y miedo en los rostros de aproximadamente 800,000 inmigrantes indocumentados que se estima que residen en el estado.
Entre las medidas que contempla la Ley SB 1718, se encuentra la sanción de hasta 30 años de cárcel por el traslado de inmigrantes indocumentados, la prohibición de otorgar licencias de conducir emitidas por otros estados y la exigencia a los hospitales que reciben Medicaid (seguro médico del gobierno) de preguntar y reportar el estado migratorio de sus pacientes.
Sin embargo, a pesar de haber transcurrido seis semanas desde su implementación, aún existen dudas y temores sobre cómo se está aplicando en la práctica.
Incluso desde el primer día de entrada en vigor, organizaciones campesinas del sur de Florida han advertido sobre un clima de nerviosismo, angustia e incertidumbre
American for Immigrant Justice (AIJ), con el respaldo de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), ha publicado un folleto en el que se resumen puntos clave de qué trata la Ley SB 1718, qué acciones conlleva y, lo más importante, qué no abarca.
Licencias de conducir
Esta medida invalida las licencias emitidas por otros estados si no se ha demostrado la presencia legal en Estados Unidos al obtenerlas. Por lo tanto, se convierte en un delito conducir en Florida con una licencia de este tipo, es decir, emitida a personas indocumentadas o que no pueden demostrar su presencia legal.
Sin embargo, esta medida no afecta a los conductores que manejan en Florida con licencias otorgadas por otros estados, ni hace ilegal que un conductor posea una licencia otorgada por otro estado, ya que estos documentos siguen siendo válidos en Florida.
Hospitales
los pacientes podrán recibir atención médica sin tener que responder preguntas sobre su estatus migratorio, aunque en hospitales que reciben Medicaid se les hará esta pregunta, pero no están obligados a responderla.
Empleo/E-Verify
En cuanto al empleo y el sistema E-Verify, esta medida sanciona a los empleadores por no verificar la autorización de empleo de sus trabajadores.
Además, criminaliza a los no ciudadanos (inmigrantes indocumentados) que utilicen documentos de identificación falsos para obtener trabajo.
También requiere que todos los empleadores verifiquen las autorizaciones de empleo de los nuevos contratados y exige a los empleadores privados que empleen a 25 o más empleados que utilicen E-Verify y confirmen la autorización de empleo de los nuevos empleados.
Tráfico humano
Se establece como delito grave el transporte de una persona que usted conoce o razonablemente debería conocer que ingresó ilegalmente a Estados Unidos y no ha sido inspeccionada por el gobierno federal, hacia el estado de Florida.
Es importante aclarar que esta medida no castiga el transporte de cualquier persona, sin importar su estado migratorio dentro del estado. Además, no afecta actividades cotidianas como llevar a los hijos a la escuela o asistir a la iglesia, siempre y cuando no se cruce la línea estatal hacia Florida.
Muestras de ADN
Se establece la recolección de muestras de ADN de individuos, incluidos menores, que han recibido una orden de detención de inmigración y se encuentran bajo la custodia de las autoridades penitenciarias del estado.
Transporte de indocumentados
Esta medida destina $12 millones para el Programa de transporte de extranjeros no autorizados.
Es importante señalar que esta medida no modifica el Programa de transporte de extranjeros no autorizados creado por una ley estatal separada, SB 6-B, el 15 de febrero de 2023.
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