Javier Sotomayor también dijo que su Bar 2.45, la empresa a la que estaba afiliado, había cerrado en noviembre por problemas de rentabilidad, aunque desmintió rumores de otras razones.
El legendario atleta cubano Javier Sotomayor niega cualquier vínculo con Mipyme D'Soto, envuelta en problemas legales por adeudar a la Agencia Tributaria Nacional (OTP) unos nueve millones de pesos cubanos.
La empresa matancera que ofrece servicios de catering y entrega de comida a domicilio tiene deudas acumuladas por unos 8,6 millones de pesos, dijo Dariel Sotomayor, hermano del ex deportista, en una publicación de Facebook (posteriormente eliminada).
Aunque está registrado bajo el nombre de su medio hermano (Dariel), algunos han sugerido que su verdadero propietario o inversor puede ser el poseedor del récord mundial en salto de altura
Sin embargo, en un comunicado publicado en las redes sociales, el medallista olímpico dijo:
“Dariel es mi medio hermano y D’SOTO es una pequeña y mediana empresa con sede en Matanzas y del mismo dueño (él). No tuve absolutamente nada que ver con eso. “No he recibido ni invertido un solo centavo y no he realizado ninguna acción”.
Esta no es la primera vez que una empresa relacionada con la familia Sotomayor se enfrenta a problemas legales.
En 2024, las autoridades cerraron el Bar 245, propiedad de la familia Sotomayor y ubicado en el barrio habanero de Miramar.
En ese momento, la ONAT en La Habana determinó que la organización adeudaba más de 50 millones de pesos cubanos y además estaba involucrada en actividades ilegales como corrupción, narcotráfico y prostitución.
D'Soto opera en el sector de panadería y fue registrada oficialmente en el Ministerio de Economía y Planificación el 24 de marzo de 2022 con el número 2570.
La sede de la empresa se encuentra en Limonar, Matanzas y se especializa en la producción de pizzas artesanales.
La empresa también vende productos importados a través de su plataforma digital y mantiene una relación con una empresa de transferencia de dinero encargada de distribuir los fondos a los beneficiarios en su zona de operación.
Según información publicada en redes sociales, la auditoría fiscal detectó una deuda de 8.632.820 CUP, lo que provocó un daño a las finanzas públicas. A pesar de pagar más de 10 millones de pesos en impuestos, la empresa fue cerrada por orden gubernamental.
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