Texas lidera demanda colectiva contra el programa Parole in Place

El programa Parole in Place ofrece a los cónyuges estadounidenses indocumentados un camino hacia la ciudadanía.

Texas lidera una coalición de 16 estados republicanos que están demandando a la administración del presidente Joe Biden por un nuevo programa federal de libertad condicional (PIP) que proporcionaría un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes que llegan ilegalmente a Estados Unidos y actualmente están casados con Ciudadanos americanos.

Es importante recordar que la inmigración ilegal se ha convertido en un tema importante en las próximas elecciones presidenciales de noviembre, razón por la cual los republicanos han intensificado su retórica contra la administración Biden.

El lunes pasado, un programa llamado Keeping Families Together comenzó a aceptar solicitudes de personas interesadas en resolver su estatus legal en Estados Unidos.

Las autoridades dijeron que alrededor de 500.000 parejas de inmigrantes estadounidenses han vivido en el país durante al menos 10 años y podrían beneficiarse de la medida.

Sin este programa, estas personas tendrían que salir de Estados Unidos durante muchos años hasta que se determine su estatus legal.

Cabe agregar que además de medio millón de parejas, el programa “Mantengamos Unidas a las Familias” también beneficiará a unos 50.000 menores de 21 años y menos, es decir, hijos de este matrimonio que se encuentra en libertad condicional.

Texas se ve frecuentemente involucrado en enfrentamientos legales con la administración Biden y fue una de las jurisdicciones que demandó conjuntamente el Parole hace varios meses.

Estas cifras parecen asustar al Partido Republicano, que siempre se ha opuesto a la migración masiva.

En este sentido, la demanda sostiene que la solución de Biden excede la autoridad del gobierno federal y frustra el propósito de las leyes de inmigración actuales en Estados Unidos.

Stephen Miller, quien ha asesorado a Donald Trump y es líder de America First Legal, ha sido nombrado co-abogado en el caso junto con los fiscales generales de Texas y otros estados republicanos.

Después de presentar la demanda, el funcionario emitió un comunicado oficial calificando el programa de "descaradamente ilegal".