El gobierno de Estados Unidos solicitó el martes a un tribunal de apelaciones que permita que las nuevas y radicales restricciones al asilo permanezcan en vigor, argumentando que su retiro sería "altamente problemático" en la frontera.
Esta petición se realizó ante un panel de jueces en Pasadena, California. El gobierno busca revertir un fallo emitido en julio que buscaba bloquear las nuevas restricciones al asilo, las cuales hacen que sea mucho más difícil obtener asilo si un migrante no presenta primero una solicitud por internet o si viajó por otro país, como México, y no solicitó protección allí.
Aunque los jueces no emitieron un fallo de inmediato, los argumentos se produjeron mientras los senadores republicanos buscan establecer cambios en la elegibilidad de asilo como parte de un paquete en el que el presidente Joe Biden busca que se otorgue ayuda militar para Ucrania e Israel.
Durante la presidencia de Trump, los tribunales bloquearon medidas similares, pero el gobierno de Biden sostiene que su enfoque es distinto, ya que está acompañado de nuevas vías jurídicas para ingresar al país y crea excepciones.
Sin embargo, los activistas representados por la Unión Americana de Libertades Civiles, el Centro de Estudios de Género y Refugiados y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes argumentan que se trata de políticas recicladas de la era Trump que violan la ley federal, la cual permite a las personas solicitar asilo sin importar cómo y por dónde lleguen.
El gobierno ha implementado una aplicación móvil que permite a los solicitantes de asilo hacer citas en cruces fronterizos oficiales con México
Y ha establecido un límite de hasta 30.000 personas al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que pueden solicitar asilo, siempre y cuando presenten su solicitud por internet, cuenten con un patrocinador financiero y lleguen al país por vía aérea.
El abogado del Departamento de Justicia, Brian Boynton, afirma que estas nuevas vías representan una diferencia significativa en comparación con las políticas de Trump.
Boynton también menciona que el 12% de los solicitantes de asilo que estaban sujetos a la nueva regla hasta septiembre pudieron evitarla demostrando circunstancias excepcionales, como emergencias médicas graves, amenazas inminentes y extremas para la vida o la seguridad, o ser víctimas de tráfico de personas.
Por otro lado, el abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, Spencer Amdur, sostiene que las excepciones son mínimas y que la abrumadora mayoría de los solicitantes de asilo tuvieron que ingresar por un puerto oficial de entrada.
Amdur enfatiza que no se pueden implementar prohibiciones sustanciales de asilo, ya que eso no es una opción disponible.
Aunque las detenciones en los cruces ilegales desde México han disminuido desde mayo, cuando entraron en vigor las nuevas restricciones, las cifras muestran que las detenciones durante diciembre estuvieron cerca de alcanzar el máximo histórico mensual registrado en diciembre de 2022 y superaron los 2 millones por segundo año consecutivo durante el ejercicio presupuestario del gobierno que terminó el 30 de septiembre.
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, expresó su desacuerdo con la decisión y aclaró que esta no cambia nada de inmediato y no limita la capacidad de imponer sanciones a extranjeros que ingresen ilegalmente.
El subsecretario para política fronteriza y migratoria del Departamento de Seguridad Nacional afirmó la semana pasada que las restricciones al asilo son fundamentales.
Ante la posibilidad de perder la apelación, Boynton pidió a los jueces que mantengan en vigor las medidas, insinuando que el gobierno está preparado para llevar el caso a la Corte Suprema.
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